Un juez anula un préstamo de Bankia al suponer “asfixia económica inadmisible”

La Audiencia de Madrid da la razón a un matrimonio al que la entidad colocó un préstamo personal después de desahuciarles porque no podían hacer frente a la hipoteca

Ella es ama de casa y su marido agricultor y encofrador. El matrimonio, apenas sin recursos, no pudo hacer frente a la hipoteca que suscribió con Bankia. La entidad acordó con ellos en julio de 2012 la dación en pago y la pareja entregó la vivienda. Tinsa había tasado el inmueble en 127.000 euros, que era justo la deuda que tenían. Sin embargo, Bankia les colocó durante ese trámite un préstamo personal de 25.000 euros. Una cantidad, dicen los magistrados, “de la que no han recibido importe alguno con lo cual el contrato debe declararse nulo”.

Además de eso, la sala sostiene que los demandantes “no sabían a qué se les estaba obligando, dados sus escasos conocimientos financieros, y que no recibieron información detallada”. La sentencia añade que también hay que tener en cuenta que “si no podían hacer frente a los futuros importes del préstamo hipotecario no tiene sentido pensar que serían capaces de soportar un préstamo personal por importe de 25.000 euros suponiéndoles una asfixia económica inadmisible”.

La Audiencia de Madrid estima el recurso del despacho Are-2 y revoca la decisión del juzgado de primera instancia que solo había anulado la cláusula que fijaba los intereses de demora del préstamo.

El Tribunal Supremo condena por primera vez a Catalunya Banc por la venta de preferentes

El alto tribunal anula la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que dio la razón a la entidad bancaria

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en la primera sentencia que ha dictado sobre las participaciones preferentes de Catalunya Banc, condena a la entidad a devolver 122.647 euros a dos clientes por incumplimiento del deber de información sobre los productos financieros complejos que le imponía la directiva comunitaria Mifid e incluso la legislación anterior a esa normativa.

El tribunal anula la sentencia sobre el caso dictada por la Audiencia de Zaragoza, que dio la razón al banco, y confirma la del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, que estimó íntegramente la demanda de los dos clientes.

Catalunya Banc es condenado a devolver a los demandantes 122.647 euros correspondientes a participaciones preferentes, deuda subordinada y depósitos estructurados, cuantía a la que se deberá descontar las cantidades que hayan llegado a cobrar dichos clientes por esos productos.

En relación a las preferentes, el Supremo destaca que es un producto de inversión complejo y de riesgo elevado, que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido, situándose, a los efectos de prelación de créditos, “y frente a lo que su nombre pueda erróneamente hacer interpretar, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuota-partícipes”.

El Supremo destaca que la información suministrada por “Caixa Catalunya” a los demandantes no puede calificarse como suficiente y no se ajusta a los parámetros exigidos por la normativa que entonces estaba vigente.

Información equivocada

“Ni siquiera la información que aparecía en las órdenes de compra de los productos –señala la sentencia–, prerredactadas por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era la naturaleza de los productos adquiridos, no se identificaba adecuadamente al emisor de las participaciones preferentes, los datos que se contenían ofrecían una información equivocada, o cuanto menos equívoca, sobre la naturaleza de los productos (como era la del plazo, cuando en realidad se trataba de participaciones perpetuas), y no se informaba sobre sus riesgos”.

El alto tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro José Vela Torres, señala que “las empresas de inversión debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión”.

Añade que “quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba”.

Para el Supremo, “el hecho de tener un patrimonio considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas no los convierte tampoco en clientes expertos, puesto que no se ha probado que en esos casos se diera a los demandantes una información adecuada para contratar el producto con conocimiento y asunción de los riesgos de una inversión compleja y sin garantías. La contratación de algunos productos de inversión con el asesoramiento de Caixa Catalunya, sin que la entidad pruebe que la información que dio a los clientes fue mejor que la que suministró en el caso objeto del recurso, y en concreto, que fue la exigida por la normativa del mercado de valores, solo puede indicar la reiteración de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el carácter experto de los clientes”.

La pensión de alimentos a cargo de los abuelos del menor no incluye los gastos extraordinarios

La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 2 de marzo de 2016 (sentencia número 120/2016, ponente señor Arroyo Fiestas), por la que establece que el derecho de un menor a percibir pensión de alimentos de sus abuelos por insolvencia de sus padres, no incluye gastos extraordinarios, como clases de música y de apoyo a la menor.

Según la Sala, los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art. 142 del Código Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad. Pero los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relación de abuelos-nietos.

La Sala rechaza así el recurso de una madre que pretendía que los cuatro abuelos de su hija, los dos paternos y los dos maternos, que fueron condenados ya en 2014 a pasar una pensión de alimentos de esa nieta, deban pagar además sus clases de música y otros gastos extraordinarios.

Los hechos
La actora en el caso es madre de tres hijos y se encuentra impedida para trabajar por minusvalía, por lo que percibe una pensión no contributiva de 357,70 euros mensuales y 24,25 euros de la Seguridad Social por cada uno de sus tres hijos. Su marido es insolvente absoluto y está afectado por una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral.

A la vista de dichas circunstancias, solitó en su demanda que se declare la obligación de los abuelos paternos y maternos de prestar alimentos a su nieta, así como al abono del 75% de los gastos extraordinarios que genere la menor, incluyendo en tal concepto los gastos relativos a clases de música y de apoyo.

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En junio de 2014 el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón dictó sentencia por la que se condenaba a los cuatro abuelos a pagar a la menor una pensión de alimentos (actualmente de 12 años de edad) por importe total de 250 euros mensuales, de los cuales 135 euros debían ser satisfechos por los abuelos paternos, y 115 por los maternos.

La Audiencia Provincial sólo corrigió la decisión anterior en el sentido de que la pensión debía pagarse desde la fecha de interposición de la demanda y dentro de los cinco primeros días de cada mes. Pero no se condenó al pago de los gastos extraordinarios, debido a que los mismos sólo se recogen en el artículo 93 del Código Civil para las relaciones entre padres e hijos, pero no para el caso de abuelos con nietos, relación ésta que tiene su regulación en el artículo 142 del Código Civil, para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Contra dicha sentencia, la madre interpone recurso de casación, que es desestimado.

La sentencia del TS

Los argumentos de la Sala se contienen en los siguientes fundamentos de Derecho (los subrayados son nuestros):

“SEGUNDO.- (…) Como fundamento del interés casacional se citan como opuestas a la recurrida las sentencias de esta Sala de fechas 5 de octubre de 1993, 5 de octubre de 1995, 3 de octubre de 2008, 16 de julio de 2002, 3 de abril de 2009, relativas a la pensión de alimentos.

Señala la parte recurrente la novedad de la cuestión suscitada por ser este el primer caso en España por el que se declara el derecho de una menor por insolvencia de uno de sus progenitores a percibir alimentos de sus cuatro abuelos. A partir de tal extremo apunta que en los casos de menores de edad, cuyo progenitor reclama alimentos a los abuelos por imposibilidad de prestarlos un progenitor, la previsión contenida en el artículo 142 del Código Civil debe ser integrada con toda la normativa relativa a los menores de edad, con la consecuencia de que aun cuando se trate de alimentos del artículo 142 del Código Civil, los gastos extraordinarios deben tener cabida en dicha acción.

Indica la parte recurrente que la insolvencia del padre no ha de perjudicar el interés del menor, no pudiendo tener el mismo tratamiento los alimentos entre parientes mayores de edad que los alimentos en caso de menores de edad, estando el interés del menor por encima de cualquier otra cuestión.

TERCERO.- Esta Sala debe declarar que las cuantías en las que se fijan los alimentos son proporcionadas a la capacidad del que las da y necesidades del que recibe, en cuanto en la sentencia recurrida se tiene en cuenta que los abuelos paternos pese a percibir mejor pensión que los maternos y poseer mayor patrimonio, también deben afrontar el mantenimiento de hijos mayores, uno de los cuales (el padre de la menor) reside con ellos, lo que limita su capacidad económica, por lo que el principio de proporcionalidad queda perfectamente respetado.

En la sentencia recurrida no se condena al pago de los gastos extraordinarios, en base a que los mismos solo se recogen en el art. 93 del C. Civil para las relaciones entre padres e hijos, pero no para el caso de abuelos con nietos, relación ésta que tiene su regulación en el art. 142 del C. Civil, para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

En el presente caso, los gastos extraordinarios que se reclamaban se concretan, en clases de música y apoyo.

Los referidos gastos extraordinarios no son estrictamente parte de los derivados de la educación de la menor, la que asiste a un colegio público y como tal gratuito.

Es comprensible el deseo de la madre de afrontar la satisfacción de dichos gastos, pero es de reconocer que el art. 142 del C. Civil, no los impone a los abuelos, los que vienen condenados al pago de alimentos, en la proporción que puedan atenderlos, dada su condición de jubilados y edad avanzada de los mismos.

Los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relación de abuelos-nietos, sin perjuicio, como se declara en la sentencia recurrida, por remisión a la del Juzgado, que, en ocasiones procederán los gastos extraordinarios si tienen relación con los conceptos recogidos en el art. 142 del C. Civil, a los que antes hicimos referencia (sustento, habitación, vestido y asistencia médica).

Sobre los gastos extraordinarios y su conceptuación se pronunció esta Sala en sentencia de 14 de octubre de 2014; recurso núm. 1935 de 2013.

La recurrente cita dentro de la jurisprudencia, sentencias que hacen referencia las relaciones padre hijos, y no a las de los abuelos, por lo que no puede mantenerse la existencia de interés casacional por infracción de doctrina jurisprudencial.

Pretende la recurrente que las restricciones del art. 142 del C. Civil no pueden aplicarse cuando se trata de menores.

Ciertamente dicho precepto no puede aplicarse cuando se trata de las relaciones padres e hijos menores (arts. 110 y 154.1 C. Civil), pues estas tienen su acomodo normativo en el art. 93 del C. Civil, pero no puede extenderse la aplicación de éste precepto (art. 93 C. Civil) a las relaciones abuelos-nietos, aún cuando estos sean menores, al impedirlo el art. 142 del C. Civil, que es la norma aplicable entre ascendientes (abuelos) y descendientes (nietos) (art. 143 C. Civil).

En conclusión, los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art. 142 del C. Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad (arts. 145 y 146 C. Civil), (sentencias de 21 y 27 de octubre de 2015, recursos 1369 y 2664 de 2014).”

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