Sustracción internacional de menores

Lamentablemente, es frecuente encontrar episodios de este tipo en la actualidad, en los que uno de los progenitores, buscando trabajo o incluso huyendo del país, despoja al otro del derecho de custodia o visitas del hijo menor en común

Entendemos por sustracción internacional de menores el traslado ilícito de un menor a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o institución, incluso en los casos en que alguno de los progenitores se traslade con el menor a otro país e impida al otro ejercitar su derecho de visitas.

Lamentablemente, es frecuente encontrar episodios de este tipo en la actualidad, en los que uno de los progenitores, buscando trabajo o incluso huyendo del país, despoja al otro del derecho de custodia o visitas del hijo menor en común. Existen herramientas jurídicas para afrontar este tipo de situaciones, tanto medidas de prevención como formas de restituir la situación inicial.

Para prevenir estas situaciones, nuestro código civil permite adoptar una serie de medidas, como norma general, en su artículo 103.1, concretamente las siguientes:

  •  Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
  • Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
  • Sometimiento a autorización judicial previa a cualquier cambio de domicilio del menor.

Si la sustracción ya se ha producido, el asunto se complica y existen varias opciones: en primer lugar, hay que averiguar si el estado al que se ha traslado ilícitamente al menor es firmante del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En caso afirmativo, se iniciará un procedimiento a través de la Autoridad Central, que es la instancia que vigila el cumplimiento del convenio, que colabora con las autoridades centrales de de otros Estados. Todos los Estados firmantes del Convenio de la Haya deben nombrar una Autoridad Central. Si no es así, cabría la opción de intentar una solución diplomática entre embajadas o la iniciación de un procedimiento judicial directamente en el país donde se encuentra el menor de forma ilícita. Para ello, sería necesario buscar asesoramiento legal en dicho país.

En el marco comunitario, es de aplicación preferente a dicho Convenio el Reglamento Europeo 2201/2013 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Sin ahondar más en el asunto, señalar que el Juzgado competente para conocer estos procedimientos es el de Primera Instancia.

Recomiendo buscar un abogado especializado en familia para resolver este tipo de situaciones tan conflictivas ya que cada caso puede ser muy diferente.

El Supremo considera que la crisis puede justificar la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”

El tribunal consolida la amplicación progresiva del marco de aplicación de esta cláusula, que permite revisar un contrato cuando cambian mucho las circunstancias, y considera que la crisis puede producir un “grave transtorno en las circunstancias” que justifique su aplicación

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha aplicado la cláusula “rebus sic stantibus” (estando así las cosas) a un contrato de arrendamiento de 25 años de la filial Accor Hoteles España con el propietario de un hotel en Valencia. Así, el Supremo ha dictaminado que la filial pague un 29% menos del precio pactado en el contrato y que el arrendador le devuelva el exceso del 29% que Accor ha pagado en rentas desde la presentación de la demanda.

La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo sobre el régimen de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, que permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias nuevas a las existentes en el momento de su firma y las prestaciones de algunas de las partes son excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio económico del contrato.

Así, la Sala de lo Civil, ha asumido plenamente el cambio en la concepción de la cláusula, que antes tenía una ámbito de aplicación súmamente restrictivo pero que ahora se aplica a muchos más casos de modificación de circunstancias. Según el tribunal, el cambio se entiende por “el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social”.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, afirma que ahora se tiende a una aplicación normalizada de dicha figura y se declara“que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias”.

El TS ordena a un hombre seguir pagando la pensión a su exmujer a pesar de obtener la nulidad

La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 28 de abril de 2015 (Rec. 395/2014; Ponente: señor Baena Ruíz), en la que desestima los recursos interpuestos por un divorciado que solicitaba la extinción de la pensión compensatoria concedida en su día a la esposa al haber obtenido posteriormente la nulidad eclesiástica de su matrimonio.

No obstante, cometió un error fundamental que le obligará a continuar abonando la cantidad mensual acordada: no reclamó la adopción de medida ninguna y siguió pagando la pensión durante un año.

“Aceptó la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordados en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior”, dice la sentencia.

Los hechos

El afectado se divorció de su esposa y fijó con ella de común acuerdo el pago mensual de una pensión compensatoria.

Cuatro años después de la sentencia de divorcio, la Iglesia decidió concederle la nulidad matrimonial por “falta de grave discreción de juicio en el esposo”, es decir, por desconocimiento de los deberes que implica casarse. La resolución canónica obtuvo, meses después, eficacia civil.

En la fundamentación jurídica del Auto por el que se reconocía eficacia civil a la nulidad eclesiástica, que no fue recurrido y devino firme, se expresa que “en cuanto a la adopción de medidas, no se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del divorcio fueron reguladas por sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga (…)”.

El divorciado solicitó, un año después, mediante  demanda de modificación de medidas que se le dispensara de continuar pagando esta cantidad debido a que el Código Civil solo prevé que exista compensación en casos de divorcio y separación.

Aducía que la nulidad eclesiástica del matrimonio declarada por el Tribunal Eclesiástico tiene completa efectividad en el ámbito jurídico interno, al haberse reconocido sus efectos civiles por Auto, y que el artículo 97 del Código Civil sólo y exclusivamente prevé pensión compensatoria para los supuestos de divorcio y separación, por lo que el matrimonio es presupuesto imprescindible y necesario para la procedencia de la misma.

La sentencia del juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, expresando, entre otros  argumentos, los siguientes:

(i) El contenido de la sentencia eclesiástica de nulidad, aún declarada acorde y ajustada al derecho del Estado, no puede modificar el contenido de una sentencia firme dictada por los Tribunales españoles (artículo 18 de la LOPJ).

 (ii) No existe aquí un reconocimiento ex novo de la pensión compensatoria tras la declaración de nulidad, lo cual sería impensable, sino una pensión reconocida válidamente y conforme a derecho en un procedimiento matrimonial anterior, por lo que devino firme.

Contra la sentencia de instancia el actor interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia desestimando el recurso con la siguiente motivación:

 (i) Existe la nulidad del matrimonio y es posterior a la sentencia de divorcio en que se acordaron las medidas, incluso posterior a la sentencia en que se desestimó una primera modificación de medidas, que es de 2 diciembre 2008.

 (ii) En su lugar, lo que recoge el Auto expresamente es que al no existir menores y haberse regulado las condiciones entre los cónyuges en la sentencia de divorcio, se daban estos por buenos.

(iii) La pensión compensatoria es una materia puramente económica y plenamente disponible para las partes que, conocedoras de la sentencia de nulidad eclesiástica no instaron su modificación en el procedimiento de eficacia civil, por lo que excluyó su derecho a alegarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viniendo a ser cosa juzgada al haber ocurrido el hecho alegado como justificante de la modificación antes de haberse dictado dicho Auto y no alegarse ninguna otra circunstancia capaz de justificar la modificación por haber ocurrido con posterioridad al dictado de la resolución de 22 julio 2010.

La representación de la parte actora interpuso contra la sentencia del Tribunal de instancia recurso extraordinario por infracción procesal fundado en los motivos del artículo 469.1.2 º, 3º y 4º de la LEC y recurso de casación por presentar interés casacional conforme a lo dispuesto en el artículo 4772.3.º de la LEC .

Considera el recurrente que existe jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, al existir criterios dispares respecto a la extinción de la pensión compensatoria como consecuencia de la eficacia civil de nulidad canónica matrimonial.

El criterio del TS

Los argumentos del TS para desestimar el recurso se contienen en el siguiente fundamento de derecho (los subrayados son nuestros):

«Fundamento de Derecho Cuarto.- Decisión de la Sala

1. Es cierto que el artículo 778 de la LEC al regular la eficacia civil de resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio nato y no consumado prevé dos clases de procedimiento según se pida o no junto a la eficacia civil la adopción o modificación de medidas.

2. También lo es que, en el caso enjuiciado se aprecia que el actor fue el que instó ante los Tribunales del Estado el divorcio y se mostró conforme con la pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino a los eclesiásticos postulando una nulidad fundada en una causa de la que era consciente desde el inicio de su unión matrimonial.

Alcanzada ésta insta ante la jurisdicción estatal la homologación de la sentencia eclesiástica de nulidad.

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga dictó Auto el 22 julio 2010 acordando reconocer eficacia civil a resolución dictada por el Tribunal del Obispado de Málaga el día 29 diciembre 2009 por la que se declaró la nulidad del matrimonio celebrado en Málaga el día 24 diciembre 1976.

3. Sin embargo dicha resolución fue más allá del simple reconocimiento mencionado al recoger expresamente que “en cuanto a la adopción de medidas no se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del divorcio fueron reguladas por la sentencia dictada…”.

De ello se desprende con total claridad que la resolución da por cierto que la no solicitud de medidas obedece a la existencia y vigencia de las que se acordaron en la sentencia de divorcio.

4. Tal resolución devino firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración; de forma que se reservase para otro procedimiento la adopción o modificación de medidas que interesarse a causa de la reconocida eficacia civil de la sentencia eclesiástica.

Lejos de optar por esa conducta procesal consintió el Auto comentado de 22 julio 2010, y transcurrido casi un año (3 junio 2011) es cuando insta la extinción de la pensión compensatoria por una circunstancia que, como afirma la sentencia recurrida, no es nueva respecto al escenario tenido en cuenta en el Auto de homologación.

5. Esta Sala no entra en la bondad del contenido de este Auto sino sólo en su firmeza, siendo por ello cosa juzgada, pero no porque el recurrente no hiciese uso de todos los alegatos fácticos y jurídicos que tenía a su disposición (artículo 400 LEC ) sino por haber aceptado la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior de las circunstancias existentes cuando devino firme el Auto de 22 julio 2010 .»

Concluye pues la sentencia que la resolución que concedía dicha pensión había devenido firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración. Por tango, al haber aceptado la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, cualquier modificación sólo podría venir justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior de las circunstancias existentes cuando devino firme dicho Auto.

Por todo ello desestima los recursos interpuestos por la parte actora.

Europa avala a los jueces españoles para anular las cláusulas abusivas

Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil no se ajustan al Derecho de la UE

La Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil son contrarias al Derecho comunitario al limitar el margen de maniobra del juez a la hora de examinar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos de préstamo hipotecario suscritas entre consumidores y profesionales, según establece un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 17 de marzo de 2016.

El ponente, el magistrado Egils Levits, determina que el Derecho nacional de los Estados miembros de la UE no puede impedir que el juez deje sin aplicación las cláusulas si aprecia que son abusivas.

El concepto de cláusula abusiva es definido por la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y recogido en la Ley para la Defensa de los Consumidores, y se refiere a todas aquellas disposiciones no negociadas ni consentidas expresamente que pueden causar perjuicio al usuario, ¿debido a un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes?

La Directiva no permite que la apreciación por el juez del carácter abusivo de unas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario que fijan el tipo de los intereses de demora y determinan las condiciones del vencimiento anticipado de dicho préstamo quede limitada a criterios como los definidos en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los jueces no pueden modificar el contenido de la cláusula contractual abusiva, sino que están obligados únicamente a dejarla sin aplicación, anulándola si fuera preciso, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor.

Primera Sentencia de JPI que anula hipoteca multidivisa después de la sentencia del TS

  • El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de El puerto de Santa María ha dictado la primera sentencia en materia de hipoteca multidivisa desde la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
  • La Sentencia condena a la entidad a anular las cláusulas multidivisas y dejar el préstamo hipotecario en euros.