El Supremo sienta doctrina: el vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad

Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en proporción al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea”.

El Supremo da la razón a dos sociedades que vendieron el 16 de marzo de 2009 a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esa última entidad a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de dicho año que había sido íntegramente abonado por las sociedades vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.

Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les había dado la razón, acudieron al Supremo después de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del año 2009. Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la razón al vendedor y otras, al comprador.

En su sentencia, el Supremo resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad dominical. Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer día del año natural.

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Por tanto, en el pleito resuelto, el abono del IBI correspondía a los vendedores, como titulares de la propiedad a 1 de enero de 2009, año de la venta.

No se pactó expresamente la repercusión del impuesto, y la venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.

Cuando el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, establece que “lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común”, debe entenderse, señala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.

El tenor del artículo 63.2 citado “advierte de la posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del Código Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del Código Civil)”.

Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia.

Un juez navarro abre la puerta a cobrar la retroactividad total de cláusulas suelo

Estima una demanda de Irache, que defendió a 18 clientes de Banco Popular, y obliga a pagar desde que se firmó la hipoteca.
El juez de lo Mercantil no sigue el criterio del TS

PAMPLONA  Se espera como el agua de mayo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictamine si las entidades financieras deben devolver a sus clientes el dinero cobrado de más por cláusulas suelo desde la firma del contrato y no solo desde mayo de 2013, la fecha que reconoció el Tribunal Supremo para no causar un caos económico al Estado. Mientras, se siguen conociendo sentencias que tampoco comparten ese criterio del Alto Tribunal de limitar la retroactividad en lo cobrado de más.

Ahora, el magistrado Carlos Martins, del Juzgado de lo Mercantil de Pamplona, ha estimado una demanda colectiva presentada por la Asociación de Consumidores Irache que defendía los intereses de 18 clientes de Banco Popular. El juez no solo les da la razón a los demandantes -de hecho, ni siquiera entra a analizar la abusividad de las cláusulas suelo por tratarse de cosa juzgada ya por el Supremo- sino que se dispone a establecer en su sentencia que los efectos de la nulidad de las cláusulas no tienen que limitarse a mayo de 2013, sino que se debe aplicar una retroactividad total y, por tanto, la entidad bancaria debe pagar los intereses cobrados de más a sus clientes desde el inicio del contrato hipotecario.

Irache había interpuesto una demanda colectiva, según anunció en su día, en representación de 18 consumidores y reclamaba al Popular cantidades que iban desde los 1.000 a los 19.000 euros, que en total sumaban 155.000 euros. Los préstamos a los que hacían referencia dichas cláusulas oscilaban entre los 100.000 y 240.000 euros y los suelos que tenían variaba entre el 2 y el 3,5%.

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Ahora, el juez navarro considera que “la doctrina asentada durante más de 20 años por el Tribunal Supremo ha sido la de “la producción de efectos ex tunc (desde siempre) de la nulidad, precisamente porque de no acordarse así, se estaría produciendo no solo un desequilibrio patrimonial, sino un enriquecimiento injusto de la parte beneficiada por la cláusula nula, en este caso Banco Popular”.

Continúa diciendo que “de no ser así no encontraríamos, por un lado, que Banco Popular hasta mayo de 2013 habría obtenido unos ingresos derivados de una cláusula que se está declarando nula -y por ende inexistente- (es decir, habría obtenido un incremento patrimonial derivado del empobrecimiento de los que hoy demandan) y por otro lado, si la devolución de las cantidades indebidamente cobradas o ingresadas por Banco Popular se acordase sin ningún tipo de interés aplicable, resultaría que Banco Popular se habría financiado al cero por ciento de interés a costa de sus clientes, que no olvidemos tienen la consideración de consumidores”. La directiva europea de 5 de abril de 1993 impone con carácter imperativo que las cláusulas abusivas “no vincularán al consumidor. Ello obliga a reemplazar el desequilibrio contractual por un equilibrio real entre los derechos y obligaciones de profesional y consumidor”.

Por ello sostiene que la protección que la directiva dispensa al consumidor “está basada en razones de interés publico, lo que permite sostener la subsanación del desequilibrio entre las partes”. De esta forma, el juez entiende que por aplicación del Derecho emanado de la Unión Europea y su jurisprudencia debe estimarse íntegramente la demanda y declarar la producción ex tunc de la nulidad de las cláusulas declaradas abusivas, con restitución de las cantidades debidas desde que corresponda. Ahora, se debe calcular las cantidades cobradas en exceso según la diferencia del tipo de interés resultante de la aplicación de la cláusula suelo con el tipo de interés variable que cada cliente tenía firmado en su hipoteca.

“MUY RELEVANTE” “Creemos que es una buena noticia para los consumidores”, ha afirmado el responsable de Comunicación de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, Alberto Lazcoz, al presentar en rueda de prensa la sentencia, que es recurrible, junto con el asesor jurídico, Javier San Miguel.

Lazcoz ha precisado que Irache ha recibido en total a más de 2.500 personas que, por tener cláusula suelo en su préstamo hipotecario, tenían establecido un límite mínimo que debían pagar cada mes aunque el índice bancario supusiera un interés menor.

Irache ha considera la sentencia como “muy relevante” ya que, además de anular el suelo de todos los demandantes, el juez ordena que se devuelvan las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula, no desde mayo de 2013 como dictó en su momento el Tribunal Supremo, sino desde el comienzo, desde el momento que se firmó el préstamo hipotecario.