El trabajo en precario en negocio familiar da lugar a compensación económica en caso de divorcio, según el Supremo

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto contra una resolución de la AP de Albacete que en el proceso de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen de separación de bienes reconoció a favor de la esposa una indemnización de 27.000 euros en concepto de compensación por su «trabajo para la casa».

El esposo recurrió alegando que se infringía la jurisprudencia de la Sala al haber concedido la indemnización contemplada en el artículo 1.438 del Código Civil cuando la esposa no ha contribuido «solo» con el trabajo para la casa sino que, además, trabajaba fuera de ella, lo que resultaría incompatible con el derecho a obtener compensación económica, según ha informado el CGPJ.

La Sala Primera ha mantenido una reiterada doctrina jurisprudencial en la que ha venido exigiendo, para el reconocimiento de dicha compensación económica, que la dedicación del cónyuge al trabajo doméstico fuera “exclusiva”, esto es, solo con el trabajo realizado para la casa, lo que impedía el reconocimiento del citado derecho en aquellos supuestos en que el cónyuge que la reclama hubiera compatibilizado el cuidado de la casa y de la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa. Doctrina que, precisamente, ha sido matizada en fechas recientes en la STS nº 136/2017, de 28 de febrero, en la que se atendió para denegar esta compensación económica a que el trabajo realizado lo era «por cuenta ajena».

La sentencia del Pleno considera que la regla de compensación del artículo 1.438 del Código Civil, dirigida a mitigar la desconsideración de que es objeto en el régimen de separación de bienes el cónyuge que se dedica de forma exclusiva al trabajo para la casa, pudo responder en su origen al presupuesto de quien solo se había dedicado al hogar y no había realizado ninguna actividad remunerada.

La Sala considera, no obstante, que en la realidad social actual parece oportuno atender a la situación frecuente de quien ha trabajado con mayor intensidad para la casa pero, al mismo tiempo, ha compaginado su actividad colaborando con la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge, aun cuando medie remuneración, sobre todo si esa colaboración se compatibiliza y organiza en atención de las necesidades y organización doméstica y familiar.

En el caso examinado, la esposa trabajó en casa y, además, en el negocio familiar regentado por su esposo y propiedad de su suegra con un salario moderado y contratada como autónoma, lo que le privaba de indemnización por despido.

Por todo ello, la sala declara que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, como es el caso, puede considerarse como trabajo para la casa a los efectos del reconocimiento de la compensación económica del art. 1438 CC, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el precepto, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.

El Plan Vivienda entrará en vigor en 2018 con ayudas para jóvenes menores de 35 años y mayores de 65

También incluye ayudas de hasta 200 euros al mes para que los mayores paguen la luz o el agua.

El nuevo Plan Vivienda, que entrará en vigor en 2018, tendrá líneas de ayudas específicas para jóvenes de menos de 35 años, mayores de 65 y personas que se vean afectadas por desahucios, siempre que, en todos los casos, tengan unos ingresos anuales inferiores a 7.455 euros anuales, esto es, tres veces el IPREM.

Se trata de tres de las principales novedades del plan, centrado en la vivienda en alquiler, y que tendrá una vigencia de cuatro años (2018-2021), según informó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Así, en cuanto a los jóvenes, en virtud del nuevo plan podrán contar con una ayuda para pagar hasta el 50% del alquiler de un piso y de hasta el 20% del precio de la vivienda que compren (con un máximo de 10.800 euros).

Para ello, deberán de tener menos de 35 años y cobrar menos de tres veces el SMI. La ayuda al alquiler se recibirá para pisos con rentas de hasta 900 euros al mes, con lo que se aumenta el margen frente al tope de 600 euros fijado en el anterior plan.

Respecto a las personas afectadas por desahucio, contarán con hasta 400 euros al mes para pagar un alquiler, siempre que la renta del piso no supere ese mismo precio. No obstante, en este caso, los pisos procederán de un banco de residencias que Fomento negocia conformar con pisos vacíos procedentes de Sareb y las entidades financieras.

Ayudas a la luz y el agua para los mayores

De su lado, las personas mayores podrán contar con ayudas para pagar hasta el 50% del alquiler o bien de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad). Para ello, deberán contar con más de 65 años de edad y cobrar una pensión que tampoco supere tres veces el SMI.

En este caso, el programa se complementa de ayudas a organismos públicos y empresas privadas para la construcción de viviendas en alquiler destinadas específicamente para personas mayores.

Los jóvenes y los mayores podrán contar con estas ayudas durante un periodo máximo de tres años, que será de dos anualidades para el caso de afectados por desahucios.

La rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, será el otro gran pilar del plan, que el Ministerio de Fomento ha diseñado a partir del proceso de colaboración que en julio del pasado año abrió con las comunidades autónomas, que han remitido casi 250 propuestas. A partir de ahora, lo someterá de nuevo a las regiones, a la Federación de Municipios y Provincias (Femp) y al sector, con el fin de aprobarlo definitivamente antes de que acabe el año.