La Justicia anula una cláusula bancaria por el tamaño de la letra

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario porque su letra es “tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura”.

El auto admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

Sin embargo, en esa misma resolución, la Sala limita las pretensiones de la entidad financiera al permitirle reclamar sólo el principal de la deuda pero no así los intereses de 766 euros, ya que anula la cláusula que los fija porque la tipografía en que está redactada “es tan reducida que para su lectura no basta con el uso de unas gafas”.

Según el auto, “la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas”.

El magistrado Vives Reus, ponente del auto, explica que la cláusula controvertida no supera el control de transparencia que exige la normativa. “El control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta -esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del error propio o error vicio, cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato- tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado”, apunta el magistrado.

El auto invoca, a este respecto, la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fechas 9 de mayo de 2013 y 24 de marzo de 2015. Estos fallos han establecido que la información suministrada debe permitir al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.

“No pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas con caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio”, apunta el auto. De este modo, la Audiencia Provincial tumba el auto recurrido y confirma la nulidad de la cláusula de intereses.

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año

Según los datos recabados por el CGPJ de los Tribunales Superiores de Justicia, estos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas.

En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Además, los Juzgados especializados han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento –el de agosto es inhábil-, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia. En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

Con objeto de evaluar la marcha del plan de urgencia hasta la fecha y de determinar las posibles necesidades del mismo, el Consejo General del Poder Judicial mantendrá este lunes a mediodía una reunión con representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.

El encuentro se produce después de que, el pasado lunes 6 de noviembre, el órgano de gobierno de los jueces estudiara con una representación de los jueces decanos el funcionamiento de los órganos judiciales especializados y las necesidades de medios personales y materiales.

El Congreso apoya por unanimidad considerar a los animales seres vivos y no cosas

La cámara ha aprobado la admisión a trámite de las reformas del Código Civil y de dos leyes

El Congreso ha aprobado este martes por unanimidad que los animales dejen de ser considerados cosas y, en cambio, sean reconocidos jurídicamente como seres vivos. Todos los grupos parlamentarios han apoyado las modificaciones del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. La proposición ley impulsada por el PP busca eliminar la cosificación jurídica de los animales y que estos sean considerados como “seres vivos dotados de sensibilidad”.

Tras su admisión a trámite, la reforma comienza ahora su camino parlamentario y puede ser modificada con enmiendas, que ya han anunciado algunas formaciones. Sin embargo, el respaldo de todos los partidos anticipa que la norma saldrá a la luz. Con esta reforma, España avanza en la dirección de Alemania, Austria, Suiza, Francia y Portugal, que ya han cambiado la consideración legal de los animales como cosas.

Hasta ahora, en España se considera a los animales meras cosas, un “bien mueble” más que puede ser embargado a su dueño como si fuera un coche o un piso o ser incluidos en herencias sin otra consideración que su valor monetario. Además, la legislación no contempla qué pasa con una mascota en caso de ruptura familiar.

El grupo popular, según explica en un comunicado el Congreso, propone para los animales “una descripción positiva similar a los códigos civiles francés y portugués”, que diferencian a los animales de las personas, las cosas y otras formas de vida como las plantas. La reforma busca “asentar este principio en el Código Civil, modificar la Ley Hipotecaria para impedir que se extienda la hipoteca a los animales y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para declarar inembargables a los animales”.

El portavoz de los populares en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha explicado que el objetivo de esta reforma es dar a los animales “un rango diferente”, lo que les otorgará “más protección”. Hernando ha señalado que los animales domésticos deben contar con derechos, aunque ha recordado que esta situación “también implica obligaciones para los tenedores de animales”.

Asimismo, mediante esta reforma “se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía”. Para ello se “contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal”, así como la posibilidad de una especie de custodia compartida. Según el texto que proponen, debe primar el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, “pudiendo preverse el reparto de los tiempos de disfrute si fuere necesario”.

Los populares también pretenden evitar que los animales de compañía puedan ser embargados a sus dueños ante impagos de rentas, impedir que “se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo” y prohibir “el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía”.

También proponen incluir como bienes inmuebles los viveros, palomares, criaderos o colmenas, entre otros hábitats animales, siempre y cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el objetivo de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente.

El PP recuerda que los animales son apropiables y objeto de comercio. “La relación de la persona y el animal, sea este de compañía, doméstico, silvestre o salvaje, es una relación de propiedad privada, si bien ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad sobre la que recae dicha propiedad”, apunta el documento.

“Así, tanto las facultades de uso y disfrute del animal, como la de disposición sobre este, han de respetar tal cualidad”, apuntan los populares, que señalan que, en este caso, el dueño deberá de ejercitar dichas facultades atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono o la provocación de una muerte cruel e innecesaria.

“Resulta paradójico que el Código Penal ya distinguiera en 2003 entre los daños a los animales domésticos y a las cosas mientras que el Código Civil sigue ignorando que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad”, reconoce el PP en su propuesta. La reforma del Código Penal en 2010 eliminó el requisito de “ensañamiento” del artículo 337 que tipifica el maltrato animal como delito.

Esta iniciativa del PP llega después de una proposición no de ley de Ciudadanos, que fue debatida y apoyada por la mayoría del Congreso en febrero de este año, en la que se instó al Gobierno a acometer esta reforma legal. La formación naranja estuvo respaldada por 243.000 firmas a través de la plataforma digital change.org, que se hicieron llegar a la Cámara Baja. La petición, del Observatorio Justicia y Defensa Animal, suma ahora casi 348.000 firmas y ha tenido mucho eco en las redes con la etiqueta #AnimalesNOsonCosas.

En esta petición, se recuerda que el Código Civil español considera a los animales “bienes semovientes”, es decir, meras cosas, cuando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa, en su artículo 13, “reconoce a los animales como seres sintientes, es decir, seres vivos dotados de sensibilidad”. “Este anacronismo legal ya se ha reformado en otros códigos civiles como el catalán, que reconoce expresamente que los animales no son cosas, o el Código Civil francés, austriaco, suizo o alemán, que ya han llevado a cabo la pertinente reforma para cambiar el estatuto jurídico de los animales de ‘cosas’ a ‘seres vivos dotados de sensibilidad”, subraya el texto.

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ha animado a todos los diputados a votar a favor de una ley que considera un “paso histórico”, así como “el arranque de una nueva conciencia jurídica en la que todos los animales serán sujetos de derechos bajo la protección de las leyes”.