Sustracción internacional de menores

Lamentablemente, es frecuente encontrar episodios de este tipo en la actualidad, en los que uno de los progenitores, buscando trabajo o incluso huyendo del país, despoja al otro del derecho de custodia o visitas del hijo menor en común

Entendemos por sustracción internacional de menores el traslado ilícito de un menor a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o institución, incluso en los casos en que alguno de los progenitores se traslade con el menor a otro país e impida al otro ejercitar su derecho de visitas.

Lamentablemente, es frecuente encontrar episodios de este tipo en la actualidad, en los que uno de los progenitores, buscando trabajo o incluso huyendo del país, despoja al otro del derecho de custodia o visitas del hijo menor en común. Existen herramientas jurídicas para afrontar este tipo de situaciones, tanto medidas de prevención como formas de restituir la situación inicial.

Para prevenir estas situaciones, nuestro código civil permite adoptar una serie de medidas, como norma general, en su artículo 103.1, concretamente las siguientes:

  •  Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
  • Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
  • Sometimiento a autorización judicial previa a cualquier cambio de domicilio del menor.

Si la sustracción ya se ha producido, el asunto se complica y existen varias opciones: en primer lugar, hay que averiguar si el estado al que se ha traslado ilícitamente al menor es firmante del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En caso afirmativo, se iniciará un procedimiento a través de la Autoridad Central, que es la instancia que vigila el cumplimiento del convenio, que colabora con las autoridades centrales de de otros Estados. Todos los Estados firmantes del Convenio de la Haya deben nombrar una Autoridad Central. Si no es así, cabría la opción de intentar una solución diplomática entre embajadas o la iniciación de un procedimiento judicial directamente en el país donde se encuentra el menor de forma ilícita. Para ello, sería necesario buscar asesoramiento legal en dicho país.

En el marco comunitario, es de aplicación preferente a dicho Convenio el Reglamento Europeo 2201/2013 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Sin ahondar más en el asunto, señalar que el Juzgado competente para conocer estos procedimientos es el de Primera Instancia.

Recomiendo buscar un abogado especializado en familia para resolver este tipo de situaciones tan conflictivas ya que cada caso puede ser muy diferente.

El Supremo considera que la crisis puede justificar la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”

El tribunal consolida la amplicación progresiva del marco de aplicación de esta cláusula, que permite revisar un contrato cuando cambian mucho las circunstancias, y considera que la crisis puede producir un “grave transtorno en las circunstancias” que justifique su aplicación

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha aplicado la cláusula “rebus sic stantibus” (estando así las cosas) a un contrato de arrendamiento de 25 años de la filial Accor Hoteles España con el propietario de un hotel en Valencia. Así, el Supremo ha dictaminado que la filial pague un 29% menos del precio pactado en el contrato y que el arrendador le devuelva el exceso del 29% que Accor ha pagado en rentas desde la presentación de la demanda.

La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo sobre el régimen de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, que permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias nuevas a las existentes en el momento de su firma y las prestaciones de algunas de las partes son excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio económico del contrato.

Así, la Sala de lo Civil, ha asumido plenamente el cambio en la concepción de la cláusula, que antes tenía una ámbito de aplicación súmamente restrictivo pero que ahora se aplica a muchos más casos de modificación de circunstancias. Según el tribunal, el cambio se entiende por “el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social”.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, afirma que ahora se tiende a una aplicación normalizada de dicha figura y se declara“que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias”.

El TS ordena a un hombre seguir pagando la pensión a su exmujer a pesar de obtener la nulidad

La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 28 de abril de 2015 (Rec. 395/2014; Ponente: señor Baena Ruíz), en la que desestima los recursos interpuestos por un divorciado que solicitaba la extinción de la pensión compensatoria concedida en su día a la esposa al haber obtenido posteriormente la nulidad eclesiástica de su matrimonio.

No obstante, cometió un error fundamental que le obligará a continuar abonando la cantidad mensual acordada: no reclamó la adopción de medida ninguna y siguió pagando la pensión durante un año.

“Aceptó la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordados en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior”, dice la sentencia.

Los hechos

El afectado se divorció de su esposa y fijó con ella de común acuerdo el pago mensual de una pensión compensatoria.

Cuatro años después de la sentencia de divorcio, la Iglesia decidió concederle la nulidad matrimonial por “falta de grave discreción de juicio en el esposo”, es decir, por desconocimiento de los deberes que implica casarse. La resolución canónica obtuvo, meses después, eficacia civil.

En la fundamentación jurídica del Auto por el que se reconocía eficacia civil a la nulidad eclesiástica, que no fue recurrido y devino firme, se expresa que “en cuanto a la adopción de medidas, no se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del divorcio fueron reguladas por sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga (…)”.

El divorciado solicitó, un año después, mediante  demanda de modificación de medidas que se le dispensara de continuar pagando esta cantidad debido a que el Código Civil solo prevé que exista compensación en casos de divorcio y separación.

Aducía que la nulidad eclesiástica del matrimonio declarada por el Tribunal Eclesiástico tiene completa efectividad en el ámbito jurídico interno, al haberse reconocido sus efectos civiles por Auto, y que el artículo 97 del Código Civil sólo y exclusivamente prevé pensión compensatoria para los supuestos de divorcio y separación, por lo que el matrimonio es presupuesto imprescindible y necesario para la procedencia de la misma.

La sentencia del juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, expresando, entre otros  argumentos, los siguientes:

(i) El contenido de la sentencia eclesiástica de nulidad, aún declarada acorde y ajustada al derecho del Estado, no puede modificar el contenido de una sentencia firme dictada por los Tribunales españoles (artículo 18 de la LOPJ).

 (ii) No existe aquí un reconocimiento ex novo de la pensión compensatoria tras la declaración de nulidad, lo cual sería impensable, sino una pensión reconocida válidamente y conforme a derecho en un procedimiento matrimonial anterior, por lo que devino firme.

Contra la sentencia de instancia el actor interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia desestimando el recurso con la siguiente motivación:

 (i) Existe la nulidad del matrimonio y es posterior a la sentencia de divorcio en que se acordaron las medidas, incluso posterior a la sentencia en que se desestimó una primera modificación de medidas, que es de 2 diciembre 2008.

 (ii) En su lugar, lo que recoge el Auto expresamente es que al no existir menores y haberse regulado las condiciones entre los cónyuges en la sentencia de divorcio, se daban estos por buenos.

(iii) La pensión compensatoria es una materia puramente económica y plenamente disponible para las partes que, conocedoras de la sentencia de nulidad eclesiástica no instaron su modificación en el procedimiento de eficacia civil, por lo que excluyó su derecho a alegarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viniendo a ser cosa juzgada al haber ocurrido el hecho alegado como justificante de la modificación antes de haberse dictado dicho Auto y no alegarse ninguna otra circunstancia capaz de justificar la modificación por haber ocurrido con posterioridad al dictado de la resolución de 22 julio 2010.

La representación de la parte actora interpuso contra la sentencia del Tribunal de instancia recurso extraordinario por infracción procesal fundado en los motivos del artículo 469.1.2 º, 3º y 4º de la LEC y recurso de casación por presentar interés casacional conforme a lo dispuesto en el artículo 4772.3.º de la LEC .

Considera el recurrente que existe jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, al existir criterios dispares respecto a la extinción de la pensión compensatoria como consecuencia de la eficacia civil de nulidad canónica matrimonial.

El criterio del TS

Los argumentos del TS para desestimar el recurso se contienen en el siguiente fundamento de derecho (los subrayados son nuestros):

«Fundamento de Derecho Cuarto.- Decisión de la Sala

1. Es cierto que el artículo 778 de la LEC al regular la eficacia civil de resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio nato y no consumado prevé dos clases de procedimiento según se pida o no junto a la eficacia civil la adopción o modificación de medidas.

2. También lo es que, en el caso enjuiciado se aprecia que el actor fue el que instó ante los Tribunales del Estado el divorcio y se mostró conforme con la pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino a los eclesiásticos postulando una nulidad fundada en una causa de la que era consciente desde el inicio de su unión matrimonial.

Alcanzada ésta insta ante la jurisdicción estatal la homologación de la sentencia eclesiástica de nulidad.

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga dictó Auto el 22 julio 2010 acordando reconocer eficacia civil a resolución dictada por el Tribunal del Obispado de Málaga el día 29 diciembre 2009 por la que se declaró la nulidad del matrimonio celebrado en Málaga el día 24 diciembre 1976.

3. Sin embargo dicha resolución fue más allá del simple reconocimiento mencionado al recoger expresamente que “en cuanto a la adopción de medidas no se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del divorcio fueron reguladas por la sentencia dictada…”.

De ello se desprende con total claridad que la resolución da por cierto que la no solicitud de medidas obedece a la existencia y vigencia de las que se acordaron en la sentencia de divorcio.

4. Tal resolución devino firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración; de forma que se reservase para otro procedimiento la adopción o modificación de medidas que interesarse a causa de la reconocida eficacia civil de la sentencia eclesiástica.

Lejos de optar por esa conducta procesal consintió el Auto comentado de 22 julio 2010, y transcurrido casi un año (3 junio 2011) es cuando insta la extinción de la pensión compensatoria por una circunstancia que, como afirma la sentencia recurrida, no es nueva respecto al escenario tenido en cuenta en el Auto de homologación.

5. Esta Sala no entra en la bondad del contenido de este Auto sino sólo en su firmeza, siendo por ello cosa juzgada, pero no porque el recurrente no hiciese uso de todos los alegatos fácticos y jurídicos que tenía a su disposición (artículo 400 LEC ) sino por haber aceptado la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior de las circunstancias existentes cuando devino firme el Auto de 22 julio 2010 .»

Concluye pues la sentencia que la resolución que concedía dicha pensión había devenido firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración. Por tango, al haber aceptado la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, cualquier modificación sólo podría venir justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior de las circunstancias existentes cuando devino firme dicho Auto.

Por todo ello desestima los recursos interpuestos por la parte actora.

Europa avala a los jueces españoles para anular las cláusulas abusivas

Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil no se ajustan al Derecho de la UE

La Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil son contrarias al Derecho comunitario al limitar el margen de maniobra del juez a la hora de examinar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos de préstamo hipotecario suscritas entre consumidores y profesionales, según establece un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 17 de marzo de 2016.

El ponente, el magistrado Egils Levits, determina que el Derecho nacional de los Estados miembros de la UE no puede impedir que el juez deje sin aplicación las cláusulas si aprecia que son abusivas.

El concepto de cláusula abusiva es definido por la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y recogido en la Ley para la Defensa de los Consumidores, y se refiere a todas aquellas disposiciones no negociadas ni consentidas expresamente que pueden causar perjuicio al usuario, ¿debido a un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes?

La Directiva no permite que la apreciación por el juez del carácter abusivo de unas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario que fijan el tipo de los intereses de demora y determinan las condiciones del vencimiento anticipado de dicho préstamo quede limitada a criterios como los definidos en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los jueces no pueden modificar el contenido de la cláusula contractual abusiva, sino que están obligados únicamente a dejarla sin aplicación, anulándola si fuera preciso, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor.

Primera Sentencia de JPI que anula hipoteca multidivisa después de la sentencia del TS

  • El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de El puerto de Santa María ha dictado la primera sentencia en materia de hipoteca multidivisa desde la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
  • La Sentencia condena a la entidad a anular las cláusulas multidivisas y dejar el préstamo hipotecario en euros.

 

 

Un juez anula un préstamo de Bankia al suponer “asfixia económica inadmisible”

La Audiencia de Madrid da la razón a un matrimonio al que la entidad colocó un préstamo personal después de desahuciarles porque no podían hacer frente a la hipoteca

Ella es ama de casa y su marido agricultor y encofrador. El matrimonio, apenas sin recursos, no pudo hacer frente a la hipoteca que suscribió con Bankia. La entidad acordó con ellos en julio de 2012 la dación en pago y la pareja entregó la vivienda. Tinsa había tasado el inmueble en 127.000 euros, que era justo la deuda que tenían. Sin embargo, Bankia les colocó durante ese trámite un préstamo personal de 25.000 euros. Una cantidad, dicen los magistrados, “de la que no han recibido importe alguno con lo cual el contrato debe declararse nulo”.

Además de eso, la sala sostiene que los demandantes “no sabían a qué se les estaba obligando, dados sus escasos conocimientos financieros, y que no recibieron información detallada”. La sentencia añade que también hay que tener en cuenta que “si no podían hacer frente a los futuros importes del préstamo hipotecario no tiene sentido pensar que serían capaces de soportar un préstamo personal por importe de 25.000 euros suponiéndoles una asfixia económica inadmisible”.

La Audiencia de Madrid estima el recurso del despacho Are-2 y revoca la decisión del juzgado de primera instancia que solo había anulado la cláusula que fijaba los intereses de demora del préstamo.

El Tribunal Supremo condena por primera vez a Catalunya Banc por la venta de preferentes

El alto tribunal anula la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que dio la razón a la entidad bancaria

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en la primera sentencia que ha dictado sobre las participaciones preferentes de Catalunya Banc, condena a la entidad a devolver 122.647 euros a dos clientes por incumplimiento del deber de información sobre los productos financieros complejos que le imponía la directiva comunitaria Mifid e incluso la legislación anterior a esa normativa.

El tribunal anula la sentencia sobre el caso dictada por la Audiencia de Zaragoza, que dio la razón al banco, y confirma la del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, que estimó íntegramente la demanda de los dos clientes.

Catalunya Banc es condenado a devolver a los demandantes 122.647 euros correspondientes a participaciones preferentes, deuda subordinada y depósitos estructurados, cuantía a la que se deberá descontar las cantidades que hayan llegado a cobrar dichos clientes por esos productos.

En relación a las preferentes, el Supremo destaca que es un producto de inversión complejo y de riesgo elevado, que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido, situándose, a los efectos de prelación de créditos, “y frente a lo que su nombre pueda erróneamente hacer interpretar, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuota-partícipes”.

El Supremo destaca que la información suministrada por “Caixa Catalunya” a los demandantes no puede calificarse como suficiente y no se ajusta a los parámetros exigidos por la normativa que entonces estaba vigente.

Información equivocada

“Ni siquiera la información que aparecía en las órdenes de compra de los productos –señala la sentencia–, prerredactadas por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era la naturaleza de los productos adquiridos, no se identificaba adecuadamente al emisor de las participaciones preferentes, los datos que se contenían ofrecían una información equivocada, o cuanto menos equívoca, sobre la naturaleza de los productos (como era la del plazo, cuando en realidad se trataba de participaciones perpetuas), y no se informaba sobre sus riesgos”.

El alto tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro José Vela Torres, señala que “las empresas de inversión debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión”.

Añade que “quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba”.

Para el Supremo, “el hecho de tener un patrimonio considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas no los convierte tampoco en clientes expertos, puesto que no se ha probado que en esos casos se diera a los demandantes una información adecuada para contratar el producto con conocimiento y asunción de los riesgos de una inversión compleja y sin garantías. La contratación de algunos productos de inversión con el asesoramiento de Caixa Catalunya, sin que la entidad pruebe que la información que dio a los clientes fue mejor que la que suministró en el caso objeto del recurso, y en concreto, que fue la exigida por la normativa del mercado de valores, solo puede indicar la reiteración de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el carácter experto de los clientes”.

La pensión de alimentos a cargo de los abuelos del menor no incluye los gastos extraordinarios

La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 2 de marzo de 2016 (sentencia número 120/2016, ponente señor Arroyo Fiestas), por la que establece que el derecho de un menor a percibir pensión de alimentos de sus abuelos por insolvencia de sus padres, no incluye gastos extraordinarios, como clases de música y de apoyo a la menor.

Según la Sala, los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art. 142 del Código Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad. Pero los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relación de abuelos-nietos.

La Sala rechaza así el recurso de una madre que pretendía que los cuatro abuelos de su hija, los dos paternos y los dos maternos, que fueron condenados ya en 2014 a pasar una pensión de alimentos de esa nieta, deban pagar además sus clases de música y otros gastos extraordinarios.

Los hechos
La actora en el caso es madre de tres hijos y se encuentra impedida para trabajar por minusvalía, por lo que percibe una pensión no contributiva de 357,70 euros mensuales y 24,25 euros de la Seguridad Social por cada uno de sus tres hijos. Su marido es insolvente absoluto y está afectado por una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral.

A la vista de dichas circunstancias, solitó en su demanda que se declare la obligación de los abuelos paternos y maternos de prestar alimentos a su nieta, así como al abono del 75% de los gastos extraordinarios que genere la menor, incluyendo en tal concepto los gastos relativos a clases de música y de apoyo.

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En junio de 2014 el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón dictó sentencia por la que se condenaba a los cuatro abuelos a pagar a la menor una pensión de alimentos (actualmente de 12 años de edad) por importe total de 250 euros mensuales, de los cuales 135 euros debían ser satisfechos por los abuelos paternos, y 115 por los maternos.

La Audiencia Provincial sólo corrigió la decisión anterior en el sentido de que la pensión debía pagarse desde la fecha de interposición de la demanda y dentro de los cinco primeros días de cada mes. Pero no se condenó al pago de los gastos extraordinarios, debido a que los mismos sólo se recogen en el artículo 93 del Código Civil para las relaciones entre padres e hijos, pero no para el caso de abuelos con nietos, relación ésta que tiene su regulación en el artículo 142 del Código Civil, para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Contra dicha sentencia, la madre interpone recurso de casación, que es desestimado.

La sentencia del TS

Los argumentos de la Sala se contienen en los siguientes fundamentos de Derecho (los subrayados son nuestros):

“SEGUNDO.- (…) Como fundamento del interés casacional se citan como opuestas a la recurrida las sentencias de esta Sala de fechas 5 de octubre de 1993, 5 de octubre de 1995, 3 de octubre de 2008, 16 de julio de 2002, 3 de abril de 2009, relativas a la pensión de alimentos.

Señala la parte recurrente la novedad de la cuestión suscitada por ser este el primer caso en España por el que se declara el derecho de una menor por insolvencia de uno de sus progenitores a percibir alimentos de sus cuatro abuelos. A partir de tal extremo apunta que en los casos de menores de edad, cuyo progenitor reclama alimentos a los abuelos por imposibilidad de prestarlos un progenitor, la previsión contenida en el artículo 142 del Código Civil debe ser integrada con toda la normativa relativa a los menores de edad, con la consecuencia de que aun cuando se trate de alimentos del artículo 142 del Código Civil, los gastos extraordinarios deben tener cabida en dicha acción.

Indica la parte recurrente que la insolvencia del padre no ha de perjudicar el interés del menor, no pudiendo tener el mismo tratamiento los alimentos entre parientes mayores de edad que los alimentos en caso de menores de edad, estando el interés del menor por encima de cualquier otra cuestión.

TERCERO.- Esta Sala debe declarar que las cuantías en las que se fijan los alimentos son proporcionadas a la capacidad del que las da y necesidades del que recibe, en cuanto en la sentencia recurrida se tiene en cuenta que los abuelos paternos pese a percibir mejor pensión que los maternos y poseer mayor patrimonio, también deben afrontar el mantenimiento de hijos mayores, uno de los cuales (el padre de la menor) reside con ellos, lo que limita su capacidad económica, por lo que el principio de proporcionalidad queda perfectamente respetado.

En la sentencia recurrida no se condena al pago de los gastos extraordinarios, en base a que los mismos solo se recogen en el art. 93 del C. Civil para las relaciones entre padres e hijos, pero no para el caso de abuelos con nietos, relación ésta que tiene su regulación en el art. 142 del C. Civil, para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

En el presente caso, los gastos extraordinarios que se reclamaban se concretan, en clases de música y apoyo.

Los referidos gastos extraordinarios no son estrictamente parte de los derivados de la educación de la menor, la que asiste a un colegio público y como tal gratuito.

Es comprensible el deseo de la madre de afrontar la satisfacción de dichos gastos, pero es de reconocer que el art. 142 del C. Civil, no los impone a los abuelos, los que vienen condenados al pago de alimentos, en la proporción que puedan atenderlos, dada su condición de jubilados y edad avanzada de los mismos.

Los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relación de abuelos-nietos, sin perjuicio, como se declara en la sentencia recurrida, por remisión a la del Juzgado, que, en ocasiones procederán los gastos extraordinarios si tienen relación con los conceptos recogidos en el art. 142 del C. Civil, a los que antes hicimos referencia (sustento, habitación, vestido y asistencia médica).

Sobre los gastos extraordinarios y su conceptuación se pronunció esta Sala en sentencia de 14 de octubre de 2014; recurso núm. 1935 de 2013.

La recurrente cita dentro de la jurisprudencia, sentencias que hacen referencia las relaciones padre hijos, y no a las de los abuelos, por lo que no puede mantenerse la existencia de interés casacional por infracción de doctrina jurisprudencial.

Pretende la recurrente que las restricciones del art. 142 del C. Civil no pueden aplicarse cuando se trata de menores.

Ciertamente dicho precepto no puede aplicarse cuando se trata de las relaciones padres e hijos menores (arts. 110 y 154.1 C. Civil), pues estas tienen su acomodo normativo en el art. 93 del C. Civil, pero no puede extenderse la aplicación de éste precepto (art. 93 C. Civil) a las relaciones abuelos-nietos, aún cuando estos sean menores, al impedirlo el art. 142 del C. Civil, que es la norma aplicable entre ascendientes (abuelos) y descendientes (nietos) (art. 143 C. Civil).

En conclusión, los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art. 142 del C. Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad (arts. 145 y 146 C. Civil), (sentencias de 21 y 27 de octubre de 2015, recursos 1369 y 2664 de 2014).”

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Miles de damnificados por el cierre repentino de las clínicas Funnydent: Pragma Advocats está a tu lado

Las nueve clínicas de la cadena de odontología Funnydent se han visto repentinamente cerradas, desatando la alarma entre varios miles de clientes que tienen su tratamiento dental pagado y a medio completar. Si eres un afectado por el cierre y quieres emprender una acción legal, llámanos al teléfono 93 758 85 22 o al móvil 682 634 055

Los afectados ya han comenzado a organizarse en la calle y en las redes sociales ante lo que temen sea una estafa en la que algunos tendrían comprometidas cantidades de hasta 8.000 euros. En Facebook, se ha creado una plataforma para compartir información y convocar asambleas en las que concretar los pasos a seguir para interponer demandas colectivas contra la compañía propietaria.

Algunos trabajadores, por su parte, aseguran que llevaban varios meses sin cobrar.

Funnydent ofrecía tratamientos dentales a precios muy competitivos, que justificaba por disponer de su propio laboratorio para la fabricación de prótesis y material odontológico.

Por el momento, los Ayuntamientos de las localidades donde Funnydent tenía clínicas —Móstoles, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas y Torrejón de Ardoz en Madrid; y Sabadell y Mataró en Barcelona están ofreciendo asesoramiento a los afectados.

El TS declara incompatible la custodia compartida con la condena de uno de los cónyuges por delito de amenazas en el ámbito familiar

Estima el recurso de una madre contra la decisión de la Audiencia de Vizcaya de acordar el régimen de custodia compartida de los dos hijos menores de la pareja

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Seijas Quintana, por la que estima el recurso de casación interpuesto contra la decisión de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que acordaba la custodia compartida de dos menores, nacidos en 2008 y 2010.

En el recurso de la madre, estimado ahora, se denunciaba la infracción de la doctrina de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida para establecer dicho régimen, prescindiendo del interés del menor, obviando que la madre se ha ocupado en todo momento de sus hijos y que las relaciones entre ambos cónyuges en nada benefician al interés de los menores, pues el padre había sido condenado por un delito de amenazas en el ámbito familiar por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Gernica-Lumo, en sentencia de fecha 9 de enero de 2005.

FAMILIA