El abogado general del TJUE carga contra el uso del índice hipotecario IRPH sin transparencia

Su dictamen, no vinculante, abre la puerta a anular cláusulas hipotecarias en un fallo con el que la banca se juega hasta 44.000 millones

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha emitido hoy sus conclusiones sobre el uso del índice hipotecario español IRPH en las que se suma a las tesis de las asociaciones de consumidores y la Comisión Europea pronunciándose a favor de anularlo cuando se comercializara con opacidad, lo que podría acabar costando miles de millones de euros a la banca española.

El abogado general ha decretado que la cláusula está sujeta a la normativa comunitaria y puede ser anulada por falta de transparencia, lo que supone un nuevo varapalo al criterio del Tribunal Supremo que avaló este índice y consideró que al ser parte mollar del contrato no quedaba sujeto al control de opacidad.

El abogado general del TJUE argumenta que el uso de este índice era una opción abierta frente al uso de otros más comunes, como el euríbor, y asevera que dada su complejidad la validez que tiene está sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de su cálculo, evolución pasada y repercusiones. El letrado, en todo caso, deja en manos de los jueces españoles decidir, caso por caso, si las entidades cumplieron con los requisitos detransparencia a los que alude.

En todo caso, el criterio de Maciej Szpunar no es vinculante para el tribunal de la Corte de Luxemburgo, que deberá dictar un fallo definitivo entre finales de este año y el arranque de 2020, si bien las conclusiones de los abogados generales, una suerte de fiscales, suelen anticipar el signo de los fallos en la mayoría de ocasiones.

El asunto abordado este martes corresponde a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona a raíz del caso de un consumidor que denunció a Bankia por una hipoteca de 132.222,66 euros a un tipo de interés de IRPH más 0,25 puntos (comercializada en 2011 por la entonces Caja Madrid) con la que el cliente acabó pagando entre 18.000 y 21.000 euros más de lo que hubiera abonado de haber sellado un crédito referenciado al índice habitual, el euríbor.

El IRPH es un índice propio del sector financiero español calculado sobre la media de tipos de interés aplicados en los nuevos créditos. A diferencia del euríbor, que tras la crisis ha llegado a caer a negativo, el IRPH ha mantenido fuertes tasas positivas.

Más allá de esta diferencia de costes para los consumidores, el caso acabó judicializado ante la denuncia de consumidores que aseveran que el préstamo se les ofreció sin información transparente sobre las consecuencias que tenía hipotecarse ligados a este índice.

El asunto, sin embargo, acabó llegando al Tribunal Supremo, que decretó que el IRPH es un índice avalado por el Banco de España y tan legítimo como el euríbor, con lo que su validez era indiscutible. La resolución fue cuestionada en instancias inferiores, sin embargo, que acabaron acudiendo a la Corte de Luxemburgo para comprobar si es de aplicación el exigente filtro de transparencia europeo que ya permitió tumbar las cláusulas suelo, por ejemplo.

En el caso concreto abordado este martes, el juzgado español pidió al TJUE que se pronunciase sobre cinco cuestiones concretas, que incluyen evaluar la validez del índice (calculado sobre el interés medio de los nuevos préstamos concedidos por el sector); si resulta aplicable la normativa comunitaria de protección del consumidor; qué información debía ofrecer la entidad al cliente para que la transacción fuera válida; si omitir información clave pudo ser una práctica desleal de la entidad; o, si en el caso de anular la cláusula, debe recalcularse el préstamo ligándolo al euríbor o dejar de aplicar interés alguno dejando solo como deuda el principal.

Las entidades que más se juegan con este fallo son CaixaBank, que tiene 6.700 millones de hipotecas ligadas al IRPH, Santander (4.300 millones), BBVA (3.100 millones), Bankia (1.600 millones) o Sabadell (831 millones), si bien Kutxabank (que el lunes reconoció 727 millones de riesgos) sería la peor parada dado su menor tamaño.

La gran banca se juega así más de 17.000 millones de eurossi bien el gigante de la banca de inversión Goldman Sachsha estimado que el conjunto del sector puede llegar a jugarse 44.000 millones de euros si el fallo final es en su contra. Esta es su peor previsión, en todo caso, basada en que todos los hipotecados en IRPH entre 2003 y 2017 reclamen logren fallos a favor que les permitan recuperar todo lo supuestamente pagado de más. El impacto menor de la horquilla estimada por la entidad es de 7.000 millones.

De momento, el sector patrio viene defendiendo la legitimidad del IRPH, que ampara, recuerdan, el alto tribunal español o el supervisor financiero. Por el contrario, asociaciones de usuarios como Asufin reclaman su nulidad por la opacidad con que se comercializó.

Esta asociación, que estima que hay más de un millón de consumidores afectados que podrían llegar a recuperar unos 25.000 euros de media, recuerda que la Comisión Europea aportó un demoledor informe al TJUE en el que apuesta por anular el IRPH por la falta de transparencia con que se comercializó.

Durante la vista, celebrada el pasado febrero, el Gobiernoespañol solicitó al tribunal que si falla en contra del IRPH limite el alcance del fallo para no causar estragos en el sector financiero mientras que la Comisión Europea abogó por anularlo por su falta de transparencia.

El pronunciamiento del abogado general de este martes marca parcialmente el camino que podría terminar de recorrer el tribunal, si bien conviene recordar que en asuntos tan trascendentes como el de las cláusula suelo, los magistrados europeos terminaron desmarcándose del criterio del fiscal comunitario.

El TS aplica la doctrina marcada por el TJUE e impide los desahucios con menos de 12 meses de impagos

La Sala de lo Civil del TS acuerda por unanimidad la inadmisión de desahucios con menos de 12 meses de impago de cuotas de la hipoteca.  

Informa el Poder Judicial de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Pleno, de 11 de septiembre 2019 (Nº 463/2019), en la que aplica la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2019 y autos de 3 de julio de 209, sobre los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios.

El TJUE en la citada sentencia estableció que la cláusula de vencimiento anticipado abusiva fuese sustituida por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013, para evitar así consecuencias especialmente perjudiciales para el consumidor que derivarían de la nulidad del contrato de préstamo hipotecario, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Por ello, la Sala de lo Civil del TS considera más lógico, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo (LCCI), tener en cuenta esta nueva norma imperativa más beneficiosa para el consumidor.

El Supremo establece las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

«1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI».

Estas decisiones suponen que:

1º Los procesos en los que la hipoteca (préstamo hipotecario) se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por haberse aplicado una cláusula contractual nula, sean sobreseídos sin más trámite.

2º En los procesos que, después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en los que se ejecutó el préstamo, sean sobreseídos si los impagos de las cuotas de la hipoteca son inferiores a 12 meses, como marca la nueva normativa en la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

3º Si el impago de cuotas es superior a los 12 meses, el procedimiento de ejecución hipotecaria (desahucio) podrá continuar.

Por último, es importante destacar que el Supremo advierte que los autos de sobreseimiento que se dicten en base a lo anterior, no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva que la entidad bancaria pueda presentar, basada en la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

Gastos de transporte, curso de inglés y de autoescuela: ¿son gastos extraordinarios necesarios?

En un procedimiento de modificación de medidas se firmó convenio regulador en el que se especificaban un buen número de gastos extraordinarios. Sin embargo, como saben, es imposible hacerlos constar todos. Dos años después, una de las hijas del matrimonio ha comenzado a cursar unos estudios que sólo se imparten en una localidad a 30 Km. de distancia de su residencia, provocando unos gastos de transporte adicionales. La otra hija, que este año no ha podido obtener nota suficiente para entrar en la Facultad que desea, quiere aprovechar el tiempo matriculándose en un curso de inglés y también sacarse el carnet de conducir.

EDE 2016/1009631

Fecha de la consulta: 1 de diciembre de 2016

Planteamiento

En un procedimiento de modificación de medidas se firmó convenio regulador en el que se especificaban un buen número de gastos extraordinarios. Sin embargo, como saben, es imposible hacerlos constar todos. Dos años después, una de las hijas del matrimonio ha comenzado a cursar unos estudios que sólo se imparten en una localidad a 30 Km. de distancia de su residencia, provocando unos gastos de transporte adicionales. La otra hija, que este año no ha podido obtener nota suficiente para entrar en la Facultad que desea, quiere aprovechar el tiempo matriculándose en un curso de inglés y también sacarse el carnet de conducir.

Me planteo acudir a la vía del art. 776.4 LEC, pero antes desearía contar con su valiosa opinión sobre la consideración de los mismos (transporte, curso de inglés y carnet de conducir) como gastos extraordinarios o no.

Respuesta

Para que un gasto pueda ser calificado como extraordinario debe reunir estos requisitos:

1º. Ser necesario, en el sentido de que ha de cubrirse económicamente de modo ineludible, en aras del cuidado, desarrollo y formación, en todos los órdenes, del alimentista. Es decir, no debe ser superfluo o secundario, de lo que evidentemente puede prescindirse sin menoscabo para el alimentista.

2º. No tener una periodicidad prefijada.

3º. Ser imprevisible, en cuanto dimanante de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística.

4º. Ser acorde y asumible por el caudal del alimentante.

5º. No estar cubierto por los alimentos o gastos ordinarios.

En base a esos requisitos, los gastos de transporte, más que un gasto extraordinario son en realidad un gasto ordinario, que tiene una cierta periodicidad y que va a perdurar en el tiempo; de ahí que, más que reclamarlos como gasto extraordinario, consideramos que es una causa para instar, en su caso, una modificación de medidas y solicitar un aumento de la pensión de alimentos.

Por lo que respecta a las clases de inglés, parece que no van a ser tan duraderas en el tiempo, por lo que se podría intentar reclamar su coste como gasto extraordinario, dado que es un gasto necesario hoy día y también es imprevisible, pues es consecuencia del resultado negativo de la selectividad.

En cuanto al carnet de conducir, dependerá de dos circunstancias: que se acredite su necesidad y de la situación económica del progenitor a quien se reclama su pago, total o parcial. No obstante, es evidente que hoy día, tal y como está el mercado laboral y lo habitual y necesario que es para cualquier actividad la disponibilidad de vehículo y del permiso de conducir, entendemos que es un gasto que se debe considerar como necesario y, por tanto, extraordinario, evidentemente dentro de ciertos límites en cuanto a la cuantía que se deba abonar por el mismo, en función de la destreza y dedicación del hijo/a en su obtención.

Nuestra jurisprudencia menor se halla dividida pues algunas Audiencias consideran el coste de la obtención del permiso de conducir como gasto extraordinario y otras no.

Así, lo entiende gasto extraordinario el Auto de AP Valencia de 11 de abril de 2011 (EDJ 2011/117877). Y la AP Zaragoza en su Auto de 15 de julio de 2008 considera que los gastos derivados de autoescuela y carnet de conducir, por su importancia e imprevisibilidad, deben excluirse de la pensión alimenticia y conceptuarse como extraordinarios.

Por su parte, la AP Madrid en su Auto de 15 de diciembre de 2005 (EDJ 2005/268861) admite que el gasto de autoescuela es un gasto extraordinario, pero no estima la reclamación pues se hizo sin conocimiento y consentimiento de ambos progenitores. En idéntico sentido se posiciona el Auto de AP Zaragoza de 22 de junio de 2005 (EDJ 2005/108309) al entender que el gasto por la obtención del permiso de conducir es un gasto extraordinario que no es necesario ni urgente, por lo que ha de ser acordado por ambos esposos o por decisión judicial, vía art. 776.4 LEC (EDL 2000/77463).

Puede serle de interés la consulta “Coste de la obtención del permiso de conducir por el hijo. ¿Es un gasto extraordinario?”(EDE 2015/190063).

Por último, también puede serle de utilidad los siguientes formularios:

“Solicitud de declaración de gasto extraordinario con carácter previo al despacho de ejecución forzosa por no estar previsto expresamente en la resolución judicial (art. 776.4 LEC)” (EDF 2011/4549)

“Escrito de oposición a la solicitud de declaración de gasto extraordinario con carácter previo al despacho de ejecución forzosa por no estar previsto expresamente en la resolución judicial (art. 776.4 LEC)” (EDF 2012/5571)