La justicia europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por ‘cláusulas suelo’

El Tribunal de la UE falla en contra del sistema financiero español, que debe retornar al menos 3.000 millones abonados por los hipotecados antes de 2013.

Formidable varapalo judicial a la banca. Las entidades financieras españolas deberán devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo en las hipotecas, que impiden que los clientes se beneficien de las rebajas de los tipos de interés. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado hoy a favor de establecer una retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo. La factura para el sector financiero es tremenda, entre 3.000 y 5.000 millones de euros adicionales, y ha provocado un batacazo en Bolsa de los bancos más afectados. Apenas minutos después de la sentencia, las entidades sufrían ya fuertes caídas, de más del 6% en el caso del Banco Popular y el Sabadell.

La banca llevaba meses en vilo, a la espera de saber si tenía que devolver el dinero de las cláusulas suelo desde 2013 (cuando una sentencia de Supremo las declaró ilegales) o desde más atrás, desde 2009. La diferencia es enorme: entre 3.000 o 5.000 millones, según diferentes cálculos de los especialistas. El Banco de España estima el sobrecoste en algo más de 4.000 millones; Analistas Financieros Internacionales cree que será algo más, unos 4.500 millones. Solo para las entidades cotizadas, devolver el dinero que estaba en juego les supone una factura de más de 2.000 millones de euros, según los cálculos de EL PAÍS.

El caso viene de lejos. El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas por “falta de transparencia”, aunque limitó las devoluciones hasta esa fecha para evitar una sacudida en el sector apenas unos meses después del multimillonario rescate de la UE. Varios juzgados acudieron al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar si la retroactividad debía ser total: las cláusulas empezaron a activarse a partir de 2009, con la rebaja de índices hipotecarios como el euríbor, que algunos bancos nunca trasladaron a las hipotecas en virtud de la letra pequeña de los contratos. El abogado general de la UE se pronunció en julio a favor de los bancos: apuntó que las devoluciones podían tener límites temporales por las “repercusiones macroeconómicas asociadas”: por “circunstancias excepcionales”, ante la posibilidad de alterar una vez más la estabilidad del sector financiero. La Corte de Luxemburgo echa por tierra esa argumentación. Y deja hoy claro que la banca debe devolver íntegramente el dinero (puedes leer aquí la sentencia completa), en lo que supone un revés formidable para el sector financiero.

“La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”, dice el fallo. Traducción bíblica: hay que devolver hasta el último centavo. Hasta ahora esa devolución se limitaba a mayo de 2013. “De tal limitación de tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva”, argumenta el tribunal.

En apenas 21 páginas, la sentencia confirma las malas vibraciones, los nervios que venía mostrando la banca española en los últimos meses. El sector ha ampliado sus colchones de capital, ha logrado despejar prácticamente todas las dudas que existían en los mercados sobre la salud de los bancos españoles. Los informes de Bruselas, sin embargo, siguen recelando sobre la rentabilidad del sistema financiero español y sobre la exposición de algunas entidades a América Latina. La factura de las cláusulas suelo puede alimentar esas dudas: será especialmente dolorosa para Banco Popular, BBVA (que estima el impacto en unos 1.200 millones) y La Caixa (que lo sitúa en hasta 750 millones). El mazazo es sobre todo para el Popular, en plena transición en su cúpula y con serias incertidumbres en los mercados acerca de su capacidad de sobrevivir en solitario. El banco tenía provisionados 350 millones de euros a finales del año pasado, y estimaba que en caso de que la Corte de Luxemburgo fallara como lo ha hecho hoy tendría que elevar esa cifra a 684 millones. Liberbank y Sabadell tendrán que hacer frente también a fuertes devoluciones.

Los abusos relacionados con las cláusulas suelo se suman a una retahíla de reveses por parte del sector bancario español en los últimos tiempos. Las entidades han sufrido lo que en la jerga del sector se conoce como riesgos reputacionales —en plata: mala imagen— por los problemas derivados de sus relaciones con las sociedades de tasación en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, su papel en los miles de desahucios o la colocación de preferentes entre su clientela, calificada de “abuso” por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El Supremo considera que la crisis puede justificar la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”

El tribunal consolida la amplicación progresiva del marco de aplicación de esta cláusula, que permite revisar un contrato cuando cambian mucho las circunstancias, y considera que la crisis puede producir un “grave transtorno en las circunstancias” que justifique su aplicación.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha aplicado la cláusula “rebus sic stantibus” (estando así las cosas) a un contrato de arrendamiento de 25 años de la filial Accor Hoteles España con el propietario de un hotel en Valencia. Así, el Supremo ha dictaminado que la filial pague un 29% menos del precio pactado en el contrato y que el arrendador le devuelva el exceso del 29% que Accor ha pagado en rentas desde la presentación de la demanda.

La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo sobre el régimen de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, que permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias nuevas a las existentes en el momento de su firma y las prestaciones de algunas de las partes son excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio económico del contrato.

Así, la Sala de lo Civil, ha asumido plenamente el cambio en la concepción de la cláusula, que antes tenía una ámbito de aplicación súmamente restrictivo pero que ahora se aplica a muchos más casos de modificación de circunstancias. Según el tribunal, el cambio se entiende por “el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social”.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, afirma que ahora se tiende a una aplicación normalizada de dicha figura y se declara“que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias”.

La deducción por alquiler solo beneficia al inquilino titular

La deducción por el alquiler de una vivienda habitual solo afecta al titular del arrendamiento, por lo que no forma parte de la sociedad de gananciales en el caso de que un matrimonio alquile un domicilio. La Dirección General de Tributos (DGT) responde así a la consulta de una persona que residía en una casa en la que el contrato lo había firmado su pareja de hecho.

Tributos recuerda que, para poder practicar la deducción, “se requiere que el contribuyente satisfaga cantidades en concepto de alquiler de su domicilio habitual durante el período impositivo, y que su base imponible sea inferior al límite que se establezca en la normativa aplicable”.

La DGT destaca, sin embargo, que “se exigirá como premisa previa la existencia de un contrato de arrendamiento de vivienda”.

De acuerdo con esta doctrina, aunque la persona resida en la casa y se haga cargo de la renta, no podrá deducir ese alquiler si no ha firmado el contrato. Tributos precisa que, incluso cuando en la casa viva un matrimonio casado en régimen de gananciales, “únicamente podrá practicar la deducción el cónyuge titular del contrato”.

La doctrina implica que las cantidades que satisfaga cualquier persona que no sea el arrendatario titular no darán derecho a la deducción por alquiler de vivienda habitual. Es un derecho que se obtiene, únicamente, al formalizar el contrato.

Doctrina del Supremo

La Dirección General de Tributos, en su respuesta a la consulta, invoca en varias ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia. Las sentencias fijan que “el contrato de arrendamiento no forma parte de la sociedad de gananciales, dada la naturaleza generadora de derechos personales del contrato”.

El Tribunal sostiene, en un fallo de 3 de abril de 2009, que “la doctrina contrato de arrendamiento, suscrito por uno de los cónyuges constante matrimonio, no forma parte de los bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa del cónyuge titular del arrendamiento”. El Tribunal respalda, de esta manera, la doctrina de la DGT.

El fundamento esencial de esta decisión ha sido después reiterado en dos fallos, de 10 de marzo de 2010 y 24 de marzo de 2011. El Supremo asegura que el derecho a esta devolución “se encuentra en la naturaleza del contrato de arrendamiento, generador de derechos personales y celebrado entre dos partes, que adquieren la condición de arrendador y arrendatario y, los derechos y obligaciones creados, afectan solo a las mismas y sus herederos”.

En conclusión, tanto la Dirección General de Tributos como el Alto Tribunal establecen que “dichos contratos se celebran entre dos personas, arrendador y arrendatario, generando derechos y obligaciones que afectan exclusivamente a los mismos y a sus herederos, sin perjuicio de que tal contrato tenga efectos internos entre los cónyuges, dependiendo del régimen económico del matrimonio”.

¿Maremoto de demandas contra el Popular por la sentencia del Supremo sobre bonos convertibles?

Paracetamoles o aspirinas. El Banco Popular por fuerza se ha tenido que convertir en un buen cliente de las farmacias tras la sentencia del Tribunal Supremo [la 411/2016], del pasado 17 de junio, por la que se ratifica la sentencia de apelación, anulando los bonos canjeables suscritos por el Grupo Alcor y ordenando la restitución de 1.875.178 euros, más los intereses.

El tribunal de la Sala de lo Civil, del que ha sido ponente el magistrado Pedro José Vela Torres, deja muy claro que tanto las empresas como los particulares que hubieran comprado bonos convertibles en acciones tienen que ser “expertos” en el mercado de valores.

“No consta que hubiera información previa, y ni siquiera la información que aparecía en la orden de compra del producto, prerredactada por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era su naturaleza, ni los riesgos que se asumían en función de la fecha de conversión”, dice la sentencia redactada por Vela Torres que dio la razón al Grupo Alcor.

Este grupo empresarial había adquirido los bonos convertibles el 19 de noviembre de 2010. Demandó al Popular en julio de 2014.

Pero ahí no acabó la cosa. El pasado mes de agosto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a este mismo banco con un millón de euros por cometer una infracción “muy grave” en la comercialización de determinados productos financieros entre enero de 2009 y noviembre de 2011.

La verdad es que se lo esperaban. Porque la multa le fue impuesta 16 meses antes, el abril de 2015, pero, a la desesperada, intentaron el recurso por la vía administrativa, que no funcionó.

A perro flaco todos son pulgas, podría decir el Banco Popular hoy día. Porque el fallo abre la compuerta a miles de reclamaciones potenciales por daños y perjuicios.

Fuentes especializadas afirman que el agujero que le podrían hacer a la entidad que preside Ángel Ron, es de 700 millones de euros.

¿Por qué esa cantidad? Porque la emisión inicial de bonos convertibles en 2009 fue de esa cantidad.

Según fuentes del Popular, esa cifra es una exageración y cifran en 25 millones la pérdida máxima, de los que ya tienen provisionados entre 16 y 20 millones.

Hay que mantener el tipo ante el posible “tsunami”.

Bonos alternativa a las preferentes

El Banco Popular puso en el mercado estos bonos convertibles en 2009 como alternativa a las preferentes.

Se vendió casi en su totalidad a unos 22.000 clientes particulares. Daban un interés de Euribor a tres meses más el 4 por ciento y vencían en octubre de 2013.

El problema es que un año antes de esa fecha, los bonos habían perdido un 52 por ciento. Y siguió cayendo hasta el 81 por ciento, en noviembre de 2015, cuando se produjo el canje.

La sentencia del Supremo es un varapalo sin precedentes para el Popular. El Alto Tribunal deja claro que el banco no explicó a sus clientes los riesgos del producto contratado ni entregó la denominada “nota de valores”, registrada en la CNMV ni la puso a disposición del cliente.

En esencia, es lo mismo que con en las preferentes: ausencia de conocimiento informado.

La banca concede la mitad de daciones en pago que en 2014

  • De enero a junio se firmaron 643 daciones, la mitad de las acordadas en el primer semestre de 2014 (1.356 devoluciones) y 500 menos que en 2015.
  • Las daciones apenas ha supuesto el 16,5% de los casos frente a las 83,5% de reestructuraciones de deuda desde el inicio de apliación del Código.
  • “La reestructuración es pan para hoy y hambre para mañana si el deudor sigue sin poder afrontar pagos en el futuro”, dice Carlos Macías, de la PAH.
  • Consulta la web de la Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas.

La solución que muchas familias esperaban para su drama hipotecario pasa menos por la dación en pago y más por la reestructuración de deuda. Al menos, para aquellas que se han acogido al Código de Buenas Prácticas que el Gobierno ofreció a los bancos hace cuatro años y medio para aliviar a miles de familias en riesgo de desahucio por no devolver sus préstamos.

El ministerio de Economía actualizó ayer el número de operaciones entre entidades y deudores. Fueron 17.306 solicitudes en el primer semestre del año, casi cuatro mil más que en el mismo período de 2015. Y se descartaron 5.437 por motivos diversos, mayoritariamente por no cumplir con el umbral de exclusión (entre otros, un límite de 22.365 euros de ingresos familiares y demostrar un problema económico sobrevenido en los últimos cuatro año) o por falta de documentación que acredite su situación de desamparo.

La reestructuración de deuda se acelera hasta llegar a pesar el 93,2% de todas las operaciones cerradas entre banca y familiasHasta 9.507 familias con dificultades para pagar su deuda hipotecaria —un 33% más que en el mismo semestre de 2015— llevaron a buen puerto un acuerdo con su banco. Pero, ¿qué tipo de acuerdo? La ley contempla tres escenarios: primero, la reestructuración de plazos, interés y letra de la hipoteca. Si esta no resuelve el problema, el perdón (‘quita’) de una parte de lo adeudado. Y finalmente, la dación en pago.

La reestructuración de deuda se acelera hasta llegar a pesar el 93,2% de todas las operaciones cerradas entre banca y familias

Pero los datos muestran que esta última opción, la devolución de vivienda para liquidar la deuda, cada vez se estila menos. Las cifras enviadas al Congreso por la Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas muestran que de enero a junio apenas se firmaron 643 daciones en pago, la mitad de las acordadas en el primer semestre de 2014 (1.356 devoluciones) y medio centenar menos que hace un año (1.100).

Por el contrario, las reestructuraciones de deuda se aceleran hasta llegar a pesar el 93,2% de todas las operaciones cerradas entre bancos y familias. En el primer semestre de 2016 se pactaron las condiciones de devolución en 8.863 préstamos, un 95% más que hace dos años. “Es una solución menos traumática y no supone para la familia la entrega de su vivienda”, explican fuentes del Economía.

“No es así, son los bancos los que están favoreciendo la reestructuración frente a la dación“, asegura Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). ¿Y por qué beneficiaría a la banca la reestructuración? “Porque la dación implicaría quedarse con la vivienda y la dinámica actual del sector no es quedarse con más pisos, sino sacarlos del balance”, añade Javier Flores, director de análisis de Asinver.

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*Datos del primer semestre de cada año.

Los bancos no están obligados a adherirse al Código pero, una vez dentro, las 94 entidades que hasta ahora se han unido están comprometidas a aplicarlo. Una solución que no gustó a la oposición ni a los activistas de la PAH, que impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular para implantar la dación en pago sin que los bancos pudiesen rechazarla siempre que la solicitase el deudor. Aquel escenario se debatía en 2013, cuando los desahucios se agolpaban en nuestro país.

Las entidades han intentado impulsar más acuerdos en los últimos tiempos para evitarse ‘ruido’Pero la ILP fue rechazada por la mayoría parlamentaria del PP. A cambio, se suavizaron los criterios para acceder a arbitraje y se aprobó un Decreto de Segunda Oportunidad que reducía la carga financiera de la deuda. Desde aquel año entonces crecen las solicitudes: las 17.306 recibidas en el primer semestre de año son un 51% más que en 2014.

Las entidades han intentado impulsar más acuerdos en los últimos tiempos para evitarse ‘ruido’

“La banca ha pasado de aplicar el Código durante mucho tiempo, si ahora crecen las operaciones es para evitar ruido, pero los criterios siguen siendo restrictivos”, cuenta Macías. Una opinión similar a la de Flores: “Firmaron el Código a regañadientes, en un contexto muy duro y en plena presión social. Pero no les gusta. Y no les gusta aplicarlo. Muchas solicitudes acaban en cajones, cogiendo polvo; solo se actúa cuando una hipoteca entra en mora y se aproxima la fase judicial”, dice este analista.

“La reestructuración es pan para hoy y hambre para mañana”

En la Plataforma tampoco creen que las reestructuraciones sean la panacea. Según ellos, “es pan para hoy y hambre para mañana”. Macías cuenta que en sus oficinas llegan caso de hipotecados que “han refinanciado su deuda y aunque durante un par de años agradecen la bajada de la cuota, después se encuentran en la misma situación, sin empleo y sin poder afrontar pagos porque algunos acuerdos conllevan una subida de cuota después de ese plazo”.

Apenas se han realizado siete quitas del total de 40.446 operaciones selladas entre entidades y deudoresY aquí es donde entran las quitas. O lo que es lo mismo, el perdón de parte de la deuda por el banco. La opción se contempla en el Código de Buenas Prácticas, pero apenas se han realizado siete del total de 40.446 operaciones selladas entre entidades y deudores.  “Al final cada caso es un mundo, pero el mal menor es la dación en pago”, explica Macías. Una solución que, sin embargo, apenas ha supuesto el 16,5% (6.674 daciones) de los casos frente a las  83,5% que han pesado las 33.765 reestructuraciones desde el inicio de aplicación de la Ley.

Apenas se han realizado siete quitas del total de 40.446 operaciones selladas entre entidades y deudores

Economía, por otro lado, amplía a 70.096 las familias beneficiadas por las medidas implantadas para hacer frente al drama de los desahucios. Porque a las 40.446 operaciones pactadas con los bancos, el ministerio suma los 6.800 contratos de alquiler reducido firmados a través del Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de 22.850 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria.

Las otras cifras del Código de Buenas Prácticas

  • 7 quitas de deuda han practicado las entidades durante los cinco años de aplicación del Código.
  • 94 bancos con actividad hipotecaria están adheridos al programa, pero solo 58 declaran haber recibido alguna solicitud.
  • 69% de hipotecados tenían ya retrasos en el pago cuando pidieron la reestructuración de deuda o la dación en pago de su casa.
  • 2,85% es el interés medio anual de los préstamos de los solicitantes y 22 años (o 268 meses) es el promedio de tiempo que les resta para amortizar todo el préstamo hipotecario.

Educación advierte de que el ciberbullying es “más peligroso” que el bullying

El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), José Luis Blanco, advierte que el ciberbullying o ciberacoso es “más peligroso” que el acoso en el que no intervienen las nuevas tecnologías, entre otros motivos, por el “anonimato” del acosador, la “distancia emocional” entre “víctima y victimario” y la “cosificación” de la persona.

Así, ha defendido la necesidad de luchar contra dos “tentaciones” que pueden surgir al abordar esta problemática. En primer lugar, ha mencionado la “tentación de minimizarlo y pensar que no es si no bullying con tecnologías”. A este respecto, ha avisado de que las nuevas tecnologías “cualifican y hacen más peligroso” el acoso.

En segundo término, se ha referido a la “demonización del mensajero” y, en este sentido, ha reivindicado la necesidad de “educar” y no “prohibir” las nuevas tecnologías ni las redes sociales.

De esta forma, ha recalcado el carácter “multidisciplinar” del ciberacoso, tal y como ha señalado durante su intervención inaugural en el encuentro ‘Ciberbullying y adolescencia: la responsabilidad educativa en la era digital’ en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Blanco ha explicado que hace falta “formar a los profesores de forma holística”, “concienciar y mentalizar” a los alumnos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y “formar a los padres, enseñarles que preocuparse de cómo usan las redes sus hijos es atenderles, no vigilarles”.

Finalmente, ha reivindicado que el Gobierno de España y el MECD están “comprometidos” en la lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar y que para combatirlo es “un acierto” tener un enfoque “multidisciplinar” porque “no sólo un problema de convivencia”, sino que compete a ámbitos como la sociología, la ética o las TIC.

El Supremo sienta doctrina: el vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad

Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en proporción al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea”.

El Supremo da la razón a dos sociedades que vendieron el 16 de marzo de 2009 a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esa última entidad a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de dicho año que había sido íntegramente abonado por las sociedades vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.

Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les había dado la razón, acudieron al Supremo después de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del año 2009. Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la razón al vendedor y otras, al comprador.

En su sentencia, el Supremo resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad dominical. Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer día del año natural.

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Por tanto, en el pleito resuelto, el abono del IBI correspondía a los vendedores, como titulares de la propiedad a 1 de enero de 2009, año de la venta.

No se pactó expresamente la repercusión del impuesto, y la venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.

Cuando el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, establece que “lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común”, debe entenderse, señala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.

El tenor del artículo 63.2 citado “advierte de la posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del Código Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del Código Civil)”.

Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia.

Un juez navarro abre la puerta a cobrar la retroactividad total de cláusulas suelo

Estima una demanda de Irache, que defendió a 18 clientes de Banco Popular, y obliga a pagar desde que se firmó la hipoteca.
El juez de lo Mercantil no sigue el criterio del TS

PAMPLONA  Se espera como el agua de mayo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictamine si las entidades financieras deben devolver a sus clientes el dinero cobrado de más por cláusulas suelo desde la firma del contrato y no solo desde mayo de 2013, la fecha que reconoció el Tribunal Supremo para no causar un caos económico al Estado. Mientras, se siguen conociendo sentencias que tampoco comparten ese criterio del Alto Tribunal de limitar la retroactividad en lo cobrado de más.

Ahora, el magistrado Carlos Martins, del Juzgado de lo Mercantil de Pamplona, ha estimado una demanda colectiva presentada por la Asociación de Consumidores Irache que defendía los intereses de 18 clientes de Banco Popular. El juez no solo les da la razón a los demandantes -de hecho, ni siquiera entra a analizar la abusividad de las cláusulas suelo por tratarse de cosa juzgada ya por el Supremo- sino que se dispone a establecer en su sentencia que los efectos de la nulidad de las cláusulas no tienen que limitarse a mayo de 2013, sino que se debe aplicar una retroactividad total y, por tanto, la entidad bancaria debe pagar los intereses cobrados de más a sus clientes desde el inicio del contrato hipotecario.

Irache había interpuesto una demanda colectiva, según anunció en su día, en representación de 18 consumidores y reclamaba al Popular cantidades que iban desde los 1.000 a los 19.000 euros, que en total sumaban 155.000 euros. Los préstamos a los que hacían referencia dichas cláusulas oscilaban entre los 100.000 y 240.000 euros y los suelos que tenían variaba entre el 2 y el 3,5%.

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Ahora, el juez navarro considera que “la doctrina asentada durante más de 20 años por el Tribunal Supremo ha sido la de “la producción de efectos ex tunc (desde siempre) de la nulidad, precisamente porque de no acordarse así, se estaría produciendo no solo un desequilibrio patrimonial, sino un enriquecimiento injusto de la parte beneficiada por la cláusula nula, en este caso Banco Popular”.

Continúa diciendo que “de no ser así no encontraríamos, por un lado, que Banco Popular hasta mayo de 2013 habría obtenido unos ingresos derivados de una cláusula que se está declarando nula -y por ende inexistente- (es decir, habría obtenido un incremento patrimonial derivado del empobrecimiento de los que hoy demandan) y por otro lado, si la devolución de las cantidades indebidamente cobradas o ingresadas por Banco Popular se acordase sin ningún tipo de interés aplicable, resultaría que Banco Popular se habría financiado al cero por ciento de interés a costa de sus clientes, que no olvidemos tienen la consideración de consumidores”. La directiva europea de 5 de abril de 1993 impone con carácter imperativo que las cláusulas abusivas “no vincularán al consumidor. Ello obliga a reemplazar el desequilibrio contractual por un equilibrio real entre los derechos y obligaciones de profesional y consumidor”.

Por ello sostiene que la protección que la directiva dispensa al consumidor “está basada en razones de interés publico, lo que permite sostener la subsanación del desequilibrio entre las partes”. De esta forma, el juez entiende que por aplicación del Derecho emanado de la Unión Europea y su jurisprudencia debe estimarse íntegramente la demanda y declarar la producción ex tunc de la nulidad de las cláusulas declaradas abusivas, con restitución de las cantidades debidas desde que corresponda. Ahora, se debe calcular las cantidades cobradas en exceso según la diferencia del tipo de interés resultante de la aplicación de la cláusula suelo con el tipo de interés variable que cada cliente tenía firmado en su hipoteca.

“MUY RELEVANTE” “Creemos que es una buena noticia para los consumidores”, ha afirmado el responsable de Comunicación de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, Alberto Lazcoz, al presentar en rueda de prensa la sentencia, que es recurrible, junto con el asesor jurídico, Javier San Miguel.

Lazcoz ha precisado que Irache ha recibido en total a más de 2.500 personas que, por tener cláusula suelo en su préstamo hipotecario, tenían establecido un límite mínimo que debían pagar cada mes aunque el índice bancario supusiera un interés menor.

Irache ha considera la sentencia como “muy relevante” ya que, además de anular el suelo de todos los demandantes, el juez ordena que se devuelvan las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula, no desde mayo de 2013 como dictó en su momento el Tribunal Supremo, sino desde el comienzo, desde el momento que se firmó el préstamo hipotecario.

La custodia compartida no exime del pago de la pensión si hay desproporción en los ingresos de los padres

Los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo

El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. La Sala I ha examinado el caso de una pareja divorciada en la provincia de Sevilla, y confirma que el padre debe pasar una pensión a su exmujer para la manutención de sus dos hijas menores, ya que la progenitora no percibe salario ni rendimiento alguno, y además rechaza que esa pensión pueda limitarse temporalmente, “pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo”, más allá de que posteriormente pueda haber modificaciones si existe variación sustancial de las circunstancias (artículo 91 del Código Civil).

El Supremo otorga la custodia compartida porque, en este caso, fomenta la integración del menor con ambos padres, evita el sentimiento de pérdida, no cuestiona la idoneidad de los progenitores, y estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores.

Sin embargo, la sentencia no acepta la petición del padre de que, al adoptarse el sistema de custodia compartida, ya no es necesario el pago de alimentos, pues cada progenitor se debería hacer cargo de los mismos durante el periodo que tenga la custodia.

Finalmente, la solución del Supremo es: establecer la custodia compartida, dejar la pensión de alimentos sin limitación temporal y mantener en 3 años la pensión compensatoria. La Sala subraya que una limitación temporal tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos.

El TS reduce la pensión de alimentos que debe abonar un padre para no dejarle en la ‘indigencia’

El art. 146 CC establece “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”. Ante una situación de dificultad económica ¿Cómo ponderar este “mínimo vital”, para que el quantum de la pensión de alimentos sea el adecuado a las necesidades de los menores y a las posibilidades del alimentante? El TS considera que habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC.

La Sala de lo Civil del TS en sentencia 413/2015 de fecha 10 de julio de 2015 (Rec. 682/2014, Ponente: señor Seijas Quintana), estima de este modo el recurso interpuesto por el afectado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Dos Hermanas –luego ratificada por la Audiencia Provincial– que estableció la pensión de alimentos, y reduce de 150 a 100 euros la cantidad que el hombre debe abonar mensualmente a cada una de sus dos hijas menores.

El afectado recurrió ante el TS –recurso al que se adhirió la propia Fiscalía– y cuestionó el pronunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantuvo el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas, habida cuenta la disminución de sus ingresos de prestación por desempleo, que alcanzaban la cantidad de 426 euros al mes.

Los hechos

Se discute el pronunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantiene el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas de los litigantes, y que fue fijada en el procedimiento previo de separación, en la suma de ciento cincuenta euros para cada una de ellas, cuando el padre, en consideración a los ingresos de los que disponía, reclamaba como más adecuada una de cien euros al mes por cada una de las hijas.

La sentencia del Juzgado “desestimó la pretensión de reducir los alimentos por considerar que los 300 euros resultaban adecuados a las necesidades de las menores y a las posibilidades del alimentante, padre de las niñas, que percibe una prestación por desempleo en ese momento de 884,34 euros”.

Tras ello, la Audiencia confirmó la decisión y alegó que la cuantía fijada por el Juzgado “se estima plenamente adecuada y proporcionada a las necesidades de las alimentistas y a los medios económicos del alimentante, aun cuando se alegue que estos han quedado reducidos a la prestación por desempleo por importe de 884,34 euros mensuales”.

Se da la circunstancia de que durante la tramitación del procedimiento, se presentaron sendos escritos posteriores a la sentencia del Juzgado que acreditaban una reducción del importe de la prestación de desempleo del recurrente hasta la cantidad de 14,20 euros al día, lo que alcanza la cifra de 426 euros al mes.

El padre de las menores interpuso entonces recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el TS, recursos a los que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El recurso por infracción procesal se sustenta en tres motivos, que tienen que ver con la prueba documental que el tribunal de apelación no tuvo en cuenta para aplicar la regla de la proporcionalidad a la prestación de alimentos.

El recurso de casación se apoyó en un único motivo: Infracción por aplicación indebida del artículo 146 del CC, en relación con el concepto jurídico indeterminado de “mínimo vital” relativo al quantum de la pensión de alimentos que debe abonar el padre, y respecto al que existe divergencia jurisprudencial en las Audiencia Provinciales.

Ahora el TS estima el doble recurso del progenitor, y reduce la cuantía de la pensión la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas.

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La sentencia del TS: “mínimo vital”

La Sala comienza estimando los motivos del recurso por infracción procesal, pues considera que la Audiencia no tuvo en cuenta la aportación de nuevos escritos que probaban una reducción en la cuantía de la prestación que recibía el recurrente: « (…) Lo que ocurre es que una vez incorporada no ha sido tenida en cuenta en la sentencia de la Audiencia Provincial, ni en un sentido ni en otro, como si ninguna incidencia se hubiera producido en la tramitación del recurso, lo que constituye una violación del artículo 24 CE». En su sentencia el TS indica que la sentencia ahora recurrida, valora «datos incompletos de prueba».

Según estableció la Audiencia, “una reducción de los ingresos o los gastos del obligado a satisfacer determinada pensión alimenticia no puede determinar la supresión o reducción de dicha prestación de alimentos cuando, como ocurre en el presente caso, constituye el mínimo vital indispensable para afrontar las necesidades básicas de las menores”.

El TS considera que, ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC;  en cuanto a la aplicación de este “mínimo vital”,  el TS dice: «(…) lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante”.

El TS dice que «el interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 (…)»

“Absoluta indigencia”

No obstante, «esta obligación no se cumple con la prestación alimenticia impuesta en la sentencia, que dejaría en la absoluta indigencia al alimentante, sino con la que resulta de los ingresos que obtiene en la actualidad, conforme a la documentación aportada, los cuales permiten aceptar la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas».

Esta cifra “se revisará en la misma forma en que se vayan incrementando o disminuyendo los ingresos del obligado al pago”, establece el TS, que de este modo estima el recurso presentado por el padre y reduce a 100 euros mensuales la pensión alimenticia que debe abonar por cada una de sus hijas. (EUROPA PRESS y Redacción NJ)