Hijos menores de padres separados de Barcelona deberán reducir los desplazamientos

Los juzgados de familia barceloneses acuerdan unificar criterios ante el estado de alarma pero recuerdan que deben cumplirse las resoluciones.

Los juzgados de familia de Barcelona han dictado un acuerdo de unificación de criterios durante el estado de alarma por el coronavirus por el que los padres separados con hijos menores deben hacer un ejercicio responsable de la potestad parental, “alcanzar los mayores acuerdos posibles” y reducir al máximo la movilidad, aunque puntualizan que el confinamiento no legitima el incumplimiento de resoluciones judiciales.
En el acuerdo, de este miércoles, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este jueves, se considera que, en el caso de que uno de los progenitores presente síntomas de contagio o tenga un resultado positivo, “es preferible que la guarda y custodia la ostente el otro progenitor”.

Esta medida busca evitar su propagación al menor al entender que “automáticamente concurre causa de fuerza mayor”, que suspende provisionalmente las medidas acordadas en el proceso de separación.
En casos en que no haya síntomas ni contagio de Covid-19, el sistema de responsabilidad parental deberá ser ejercido por el progenitor custodio –en supuestos de custodia exclusiva– o por el progenitor que ostenta la guarda en este momento –en supuestos de custodia compartida–.
Se aplica esta medida para garantizar un “efectivo cumplimiento de los acuerdos de las autoridades sanitarias, que aconsejan reducir al máximo la movilidad de las personas”, y salvo supuestos excepcionales justificados documentalmente, precisan.
Ante esta situación, señalan que el progenitor custodio deberá facilitar a través de Skype, Facetime, videollamada de Whatsapp u otro medio telemático el contacto con el otro progenitor “a fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial”, siempre y cuando no se perturben las rutinas u horarios de descanso de los menores.
En cualquier caso, señalan que los padres deberán seguir las normas de la autoridades gubernativas y sanitarias a los efectos de evitar la propagación del coronavirus, “procurando un ejercicio responsable de la potestad parental y alcanzando los mayores acuerdos posibles”.
Recuerdan que es “una situación excepcional” y, por el momento, por un espacio de tiempo limitado de 15 días naturales, hasta el próximo 28 de marzo de 2020.

Reembolso de lo aportado para vivienda familiar privativa del otro cónyuge

El TS considera que en el régimen de separación de bienes el cónyuge tiene derecho al reembolso de la mitad de las cantidades empleadas a la amortización de las cuotas del préstamo destinado a la adquisición de los materiales para levantar la vivienda privativa del otro cónyuge y que fue hasta el divorcio la vivienda familiar.

Una pareja, en estado de solteros, construyó una vivienda sobre solar de propiedad de uno de ellos. Para afrontar los gastos de construcción solicitaron dos préstamos que se iban amortizando con los ingresos de ambos. Años más tarde contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes pasando a vivir en la casa construida. A los 7 años se divorciaron.

El ex marido presentó demanda solicitando que se declarara su derecho a que la demandada le abonara una suma en concepto de la mitad del valor de tasación de la casa, en la fecha de separación, una vez deducido la mitad del valor del solar y el capital pendiente de amortizar de los préstamos, asumiendo exclusivamente la demandada desde entonces las cuotas de los préstamos hasta su cancelación.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia dando la razón al ex marido. La demandada interpuso entonces recurso de apelación ante la AP Palma de Mallorca, quien revocó la sentencia. Se consideró por la AP que una de las obligaciones de los cónyuges es contribuir al sostenimiento de los gastos familiares (cargas del matrimonio), entre los que se encuentra la habitación.

Contra dicha sentencia recurrió el ex marido ante el TS, por entender indebidamente aplicada por la AP la jurisprudencia consolidada sobre que las cuotas hipotecarias por adquisición de vivienda, satisfechas constante matrimonio por los cónyuges, en régimen de separación de bienes, no se reputan cargas del matrimonio.

El TS considera que los arts. 1318 y 1438 CC impone la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio y, por ende, el derecho de cada cónyuge a obligar al otro a efectuar dicha contribución, pero sólo en relación a los concretos gastos incardinables en el concepto de cargas del matrimonio.

Por ello, estima el recurso, toda vez que existe una consolidada jurisprudencia que sostiene que las cuotas de amortización del préstamo hipotecario con el que se sufraga la adquisición de la vivienda, a través de la cual se satisfacen las necesidades de habitación del matrimonio, no se reputan cargas del mismo.

Gastos de transporte, curso de inglés y de autoescuela: ¿son gastos extraordinarios necesarios?

En un procedimiento de modificación de medidas se firmó convenio regulador en el que se especificaban un buen número de gastos extraordinarios. Sin embargo, como saben, es imposible hacerlos constar todos. Dos años después, una de las hijas del matrimonio ha comenzado a cursar unos estudios que sólo se imparten en una localidad a 30 Km. de distancia de su residencia, provocando unos gastos de transporte adicionales. La otra hija, que este año no ha podido obtener nota suficiente para entrar en la Facultad que desea, quiere aprovechar el tiempo matriculándose en un curso de inglés y también sacarse el carnet de conducir.

EDE 2016/1009631

Fecha de la consulta: 1 de diciembre de 2016

Planteamiento

En un procedimiento de modificación de medidas se firmó convenio regulador en el que se especificaban un buen número de gastos extraordinarios. Sin embargo, como saben, es imposible hacerlos constar todos. Dos años después, una de las hijas del matrimonio ha comenzado a cursar unos estudios que sólo se imparten en una localidad a 30 Km. de distancia de su residencia, provocando unos gastos de transporte adicionales. La otra hija, que este año no ha podido obtener nota suficiente para entrar en la Facultad que desea, quiere aprovechar el tiempo matriculándose en un curso de inglés y también sacarse el carnet de conducir.

Me planteo acudir a la vía del art. 776.4 LEC, pero antes desearía contar con su valiosa opinión sobre la consideración de los mismos (transporte, curso de inglés y carnet de conducir) como gastos extraordinarios o no.

Respuesta

Para que un gasto pueda ser calificado como extraordinario debe reunir estos requisitos:

1º. Ser necesario, en el sentido de que ha de cubrirse económicamente de modo ineludible, en aras del cuidado, desarrollo y formación, en todos los órdenes, del alimentista. Es decir, no debe ser superfluo o secundario, de lo que evidentemente puede prescindirse sin menoscabo para el alimentista.

2º. No tener una periodicidad prefijada.

3º. Ser imprevisible, en cuanto dimanante de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística.

4º. Ser acorde y asumible por el caudal del alimentante.

5º. No estar cubierto por los alimentos o gastos ordinarios.

En base a esos requisitos, los gastos de transporte, más que un gasto extraordinario son en realidad un gasto ordinario, que tiene una cierta periodicidad y que va a perdurar en el tiempo; de ahí que, más que reclamarlos como gasto extraordinario, consideramos que es una causa para instar, en su caso, una modificación de medidas y solicitar un aumento de la pensión de alimentos.

Por lo que respecta a las clases de inglés, parece que no van a ser tan duraderas en el tiempo, por lo que se podría intentar reclamar su coste como gasto extraordinario, dado que es un gasto necesario hoy día y también es imprevisible, pues es consecuencia del resultado negativo de la selectividad.

En cuanto al carnet de conducir, dependerá de dos circunstancias: que se acredite su necesidad y de la situación económica del progenitor a quien se reclama su pago, total o parcial. No obstante, es evidente que hoy día, tal y como está el mercado laboral y lo habitual y necesario que es para cualquier actividad la disponibilidad de vehículo y del permiso de conducir, entendemos que es un gasto que se debe considerar como necesario y, por tanto, extraordinario, evidentemente dentro de ciertos límites en cuanto a la cuantía que se deba abonar por el mismo, en función de la destreza y dedicación del hijo/a en su obtención.

Nuestra jurisprudencia menor se halla dividida pues algunas Audiencias consideran el coste de la obtención del permiso de conducir como gasto extraordinario y otras no.

Así, lo entiende gasto extraordinario el Auto de AP Valencia de 11 de abril de 2011 (EDJ 2011/117877). Y la AP Zaragoza en su Auto de 15 de julio de 2008 considera que los gastos derivados de autoescuela y carnet de conducir, por su importancia e imprevisibilidad, deben excluirse de la pensión alimenticia y conceptuarse como extraordinarios.

Por su parte, la AP Madrid en su Auto de 15 de diciembre de 2005 (EDJ 2005/268861) admite que el gasto de autoescuela es un gasto extraordinario, pero no estima la reclamación pues se hizo sin conocimiento y consentimiento de ambos progenitores. En idéntico sentido se posiciona el Auto de AP Zaragoza de 22 de junio de 2005 (EDJ 2005/108309) al entender que el gasto por la obtención del permiso de conducir es un gasto extraordinario que no es necesario ni urgente, por lo que ha de ser acordado por ambos esposos o por decisión judicial, vía art. 776.4 LEC (EDL 2000/77463).

Puede serle de interés la consulta “Coste de la obtención del permiso de conducir por el hijo. ¿Es un gasto extraordinario?”(EDE 2015/190063).

Por último, también puede serle de utilidad los siguientes formularios:

“Solicitud de declaración de gasto extraordinario con carácter previo al despacho de ejecución forzosa por no estar previsto expresamente en la resolución judicial (art. 776.4 LEC)” (EDF 2011/4549)

“Escrito de oposición a la solicitud de declaración de gasto extraordinario con carácter previo al despacho de ejecución forzosa por no estar previsto expresamente en la resolución judicial (art. 776.4 LEC)” (EDF 2012/5571)

La AP de Pontevedra avala que un padre revise con su hija menor de edad sus conversaciones de WhatsApp

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirma un auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y estima que un padre no cometió un delito contra la intimidad por revisar con su hija menor de edad conversaciones de WhatsApp que mantuvo con su madre.

Tal y como consta en el auto, que es firme y no puede ser recurrido, una mujer denunció al padre de su hija por un presunto delito contra la intimidad, por que supuestamente se apoderó de las conversaciones que mantuvo con su hija, de 9 años de edad.

No obstante, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción acordó el sobreseimiento de las actuaciones por “no revestir caracteres de infracción penal”, por lo que la mujer presentó un recurso ante la Audiencia de Pontevedra, que ha coincidido en que los hechos no constituyen un delito.

Así, apunta que como el denunciado comparte con la denunciante la patria potestad de sus hijos menores, “tiene la obligación de velar por ellos, educarles y procurarles una formación integral”. “El desarrollo de las redes sociales, como también lo es el WhatsApp, requiere atención y vigilancia de los progenitores para preservar la indemnidad de los menores”, mantiene.

Además, resuelve que “no puede decirse, por el relato de la denuncia, que el padre se apoderare sin conocimiento de la hija menor de sus conversaciones de WhatsApp; que las mismas merecieran la calificación de datos reservados; ni que la menor no quisiera que el padre conociera, y menos aún que el denunciado buscara, descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de la menor”.

Por todo ello, las pretensiones de la mujer “son totalmente rechazadas” y se desestima el recurso, imponiendo a la mujer las costas de la apelación.

Crece el número de denuncias por impago de pensiones de alimentos

La grave crisis econónomica ha supuesto un considerable incremento de las denuncias por delito de impago de pensiones de alimentos impuestas por resolución judicial en procedimientos de divorcio contencioso o de mutuo acuerdo y otros relativos al establecimiento de pensiones alimenticias.

Todo esto ha generado un aumento de asuntos penales, evidenciando situaciones de penuria, de acuciante necesidad, que derivan en graves problemas de subsistencia de los miembros del núcleo familiar fracturado, pues a menudo la pensión por alimentos constituye el único ingreso de la unidad familiar disgregada, singularmente cuando se trata de familias monoparentales cuya cabeza de familia suele ser una mujer separada o divorciada o expareja de hecho o mujer víctima de esa lacra social llamada violencia de género, y con grandes dificultades, por su edad o escasa u obsoleta formación para acceder, para incorporarse al mercado laboral que registra una alta tasa de desempleo.

El art. 142 del Código Civil

Es conveniente precisar que, conforme a lo dispuesto en el art. 142 del Código Civil, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Elementos del delito de impago de pensiones

Son elementos típicos definitorios del delito de impago de pensiones los que se enuncian a continuación:

a) La existencia de una resolución judicial o convenio aprobado judicialmente que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor de un cónyuge y a favor del otro cónyuge o los hijos.

b) el incumplimiento de la prestación económica durante los plazos legalmente establecidos, es decir, durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

c) la posibilidad por parte de aquel a quien se ha impuesto la prestación económica de poder cumplir la misma.

d) conocimiento de la resolución judicial unido a la voluntad omisiva de no querer cumplirla pudiendo hacerlo.

El trabajo en precario en negocio familiar da lugar a compensación económica en caso de divorcio, según el Supremo

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto contra una resolución de la AP de Albacete que en el proceso de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen de separación de bienes reconoció a favor de la esposa una indemnización de 27.000 euros en concepto de compensación por su «trabajo para la casa».

El esposo recurrió alegando que se infringía la jurisprudencia de la Sala al haber concedido la indemnización contemplada en el artículo 1.438 del Código Civil cuando la esposa no ha contribuido «solo» con el trabajo para la casa sino que, además, trabajaba fuera de ella, lo que resultaría incompatible con el derecho a obtener compensación económica, según ha informado el CGPJ.

La Sala Primera ha mantenido una reiterada doctrina jurisprudencial en la que ha venido exigiendo, para el reconocimiento de dicha compensación económica, que la dedicación del cónyuge al trabajo doméstico fuera “exclusiva”, esto es, solo con el trabajo realizado para la casa, lo que impedía el reconocimiento del citado derecho en aquellos supuestos en que el cónyuge que la reclama hubiera compatibilizado el cuidado de la casa y de la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa. Doctrina que, precisamente, ha sido matizada en fechas recientes en la STS nº 136/2017, de 28 de febrero, en la que se atendió para denegar esta compensación económica a que el trabajo realizado lo era «por cuenta ajena».

La sentencia del Pleno considera que la regla de compensación del artículo 1.438 del Código Civil, dirigida a mitigar la desconsideración de que es objeto en el régimen de separación de bienes el cónyuge que se dedica de forma exclusiva al trabajo para la casa, pudo responder en su origen al presupuesto de quien solo se había dedicado al hogar y no había realizado ninguna actividad remunerada.

La Sala considera, no obstante, que en la realidad social actual parece oportuno atender a la situación frecuente de quien ha trabajado con mayor intensidad para la casa pero, al mismo tiempo, ha compaginado su actividad colaborando con la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge, aun cuando medie remuneración, sobre todo si esa colaboración se compatibiliza y organiza en atención de las necesidades y organización doméstica y familiar.

En el caso examinado, la esposa trabajó en casa y, además, en el negocio familiar regentado por su esposo y propiedad de su suegra con un salario moderado y contratada como autónoma, lo que le privaba de indemnización por despido.

Por todo ello, la sala declara que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, como es el caso, puede considerarse como trabajo para la casa a los efectos del reconocimiento de la compensación económica del art. 1438 CC, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el precepto, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.

Educación advierte de que el ciberbullying es “más peligroso” que el bullying

El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), José Luis Blanco, advierte que el ciberbullying o ciberacoso es “más peligroso” que el acoso en el que no intervienen las nuevas tecnologías, entre otros motivos, por el “anonimato” del acosador, la “distancia emocional” entre “víctima y victimario” y la “cosificación” de la persona.

Así, ha defendido la necesidad de luchar contra dos “tentaciones” que pueden surgir al abordar esta problemática. En primer lugar, ha mencionado la “tentación de minimizarlo y pensar que no es si no bullying con tecnologías”. A este respecto, ha avisado de que las nuevas tecnologías “cualifican y hacen más peligroso” el acoso.

En segundo término, se ha referido a la “demonización del mensajero” y, en este sentido, ha reivindicado la necesidad de “educar” y no “prohibir” las nuevas tecnologías ni las redes sociales.

De esta forma, ha recalcado el carácter “multidisciplinar” del ciberacoso, tal y como ha señalado durante su intervención inaugural en el encuentro ‘Ciberbullying y adolescencia: la responsabilidad educativa en la era digital’ en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Blanco ha explicado que hace falta “formar a los profesores de forma holística”, “concienciar y mentalizar” a los alumnos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y “formar a los padres, enseñarles que preocuparse de cómo usan las redes sus hijos es atenderles, no vigilarles”.

Finalmente, ha reivindicado que el Gobierno de España y el MECD están “comprometidos” en la lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar y que para combatirlo es “un acierto” tener un enfoque “multidisciplinar” porque “no sólo un problema de convivencia”, sino que compete a ámbitos como la sociología, la ética o las TIC.

La custodia compartida no exime del pago de la pensión si hay desproporción en los ingresos de los padres

Los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo

El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. La Sala I ha examinado el caso de una pareja divorciada en la provincia de Sevilla, y confirma que el padre debe pasar una pensión a su exmujer para la manutención de sus dos hijas menores, ya que la progenitora no percibe salario ni rendimiento alguno, y además rechaza que esa pensión pueda limitarse temporalmente, “pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo”, más allá de que posteriormente pueda haber modificaciones si existe variación sustancial de las circunstancias (artículo 91 del Código Civil).

El Supremo otorga la custodia compartida porque, en este caso, fomenta la integración del menor con ambos padres, evita el sentimiento de pérdida, no cuestiona la idoneidad de los progenitores, y estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores.

Sin embargo, la sentencia no acepta la petición del padre de que, al adoptarse el sistema de custodia compartida, ya no es necesario el pago de alimentos, pues cada progenitor se debería hacer cargo de los mismos durante el periodo que tenga la custodia.

Finalmente, la solución del Supremo es: establecer la custodia compartida, dejar la pensión de alimentos sin limitación temporal y mantener en 3 años la pensión compensatoria. La Sala subraya que una limitación temporal tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos.

El TS reduce la pensión de alimentos que debe abonar un padre para no dejarle en la ‘indigencia’

El art. 146 CC establece “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”. Ante una situación de dificultad económica ¿Cómo ponderar este “mínimo vital”, para que el quantum de la pensión de alimentos sea el adecuado a las necesidades de los menores y a las posibilidades del alimentante? El TS considera que habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC.

La Sala de lo Civil del TS en sentencia 413/2015 de fecha 10 de julio de 2015 (Rec. 682/2014, Ponente: señor Seijas Quintana), estima de este modo el recurso interpuesto por el afectado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Dos Hermanas –luego ratificada por la Audiencia Provincial– que estableció la pensión de alimentos, y reduce de 150 a 100 euros la cantidad que el hombre debe abonar mensualmente a cada una de sus dos hijas menores.

El afectado recurrió ante el TS –recurso al que se adhirió la propia Fiscalía– y cuestionó el pronunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantuvo el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas, habida cuenta la disminución de sus ingresos de prestación por desempleo, que alcanzaban la cantidad de 426 euros al mes.

Los hechos

Se discute el pronunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantiene el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas de los litigantes, y que fue fijada en el procedimiento previo de separación, en la suma de ciento cincuenta euros para cada una de ellas, cuando el padre, en consideración a los ingresos de los que disponía, reclamaba como más adecuada una de cien euros al mes por cada una de las hijas.

La sentencia del Juzgado “desestimó la pretensión de reducir los alimentos por considerar que los 300 euros resultaban adecuados a las necesidades de las menores y a las posibilidades del alimentante, padre de las niñas, que percibe una prestación por desempleo en ese momento de 884,34 euros”.

Tras ello, la Audiencia confirmó la decisión y alegó que la cuantía fijada por el Juzgado “se estima plenamente adecuada y proporcionada a las necesidades de las alimentistas y a los medios económicos del alimentante, aun cuando se alegue que estos han quedado reducidos a la prestación por desempleo por importe de 884,34 euros mensuales”.

Se da la circunstancia de que durante la tramitación del procedimiento, se presentaron sendos escritos posteriores a la sentencia del Juzgado que acreditaban una reducción del importe de la prestación de desempleo del recurrente hasta la cantidad de 14,20 euros al día, lo que alcanza la cifra de 426 euros al mes.

El padre de las menores interpuso entonces recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el TS, recursos a los que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El recurso por infracción procesal se sustenta en tres motivos, que tienen que ver con la prueba documental que el tribunal de apelación no tuvo en cuenta para aplicar la regla de la proporcionalidad a la prestación de alimentos.

El recurso de casación se apoyó en un único motivo: Infracción por aplicación indebida del artículo 146 del CC, en relación con el concepto jurídico indeterminado de “mínimo vital” relativo al quantum de la pensión de alimentos que debe abonar el padre, y respecto al que existe divergencia jurisprudencial en las Audiencia Provinciales.

Ahora el TS estima el doble recurso del progenitor, y reduce la cuantía de la pensión la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas.

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La sentencia del TS: “mínimo vital”

La Sala comienza estimando los motivos del recurso por infracción procesal, pues considera que la Audiencia no tuvo en cuenta la aportación de nuevos escritos que probaban una reducción en la cuantía de la prestación que recibía el recurrente: « (…) Lo que ocurre es que una vez incorporada no ha sido tenida en cuenta en la sentencia de la Audiencia Provincial, ni en un sentido ni en otro, como si ninguna incidencia se hubiera producido en la tramitación del recurso, lo que constituye una violación del artículo 24 CE». En su sentencia el TS indica que la sentencia ahora recurrida, valora «datos incompletos de prueba».

Según estableció la Audiencia, “una reducción de los ingresos o los gastos del obligado a satisfacer determinada pensión alimenticia no puede determinar la supresión o reducción de dicha prestación de alimentos cuando, como ocurre en el presente caso, constituye el mínimo vital indispensable para afrontar las necesidades básicas de las menores”.

El TS considera que, ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC;  en cuanto a la aplicación de este “mínimo vital”,  el TS dice: «(…) lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante”.

El TS dice que «el interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 (…)»

“Absoluta indigencia”

No obstante, «esta obligación no se cumple con la prestación alimenticia impuesta en la sentencia, que dejaría en la absoluta indigencia al alimentante, sino con la que resulta de los ingresos que obtiene en la actualidad, conforme a la documentación aportada, los cuales permiten aceptar la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas».

Esta cifra “se revisará en la misma forma en que se vayan incrementando o disminuyendo los ingresos del obligado al pago”, establece el TS, que de este modo estima el recurso presentado por el padre y reduce a 100 euros mensuales la pensión alimenticia que debe abonar por cada una de sus hijas. (EUROPA PRESS y Redacción NJ)

Sustracción internacional de menores

Lamentablemente, es frecuente encontrar episodios de este tipo en la actualidad, en los que uno de los progenitores, buscando trabajo o incluso huyendo del país, despoja al otro del derecho de custodia o visitas del hijo menor en común

Entendemos por sustracción internacional de menores el traslado ilícito de un menor a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o institución, incluso en los casos en que alguno de los progenitores se traslade con el menor a otro país e impida al otro ejercitar su derecho de visitas.

Lamentablemente, es frecuente encontrar episodios de este tipo en la actualidad, en los que uno de los progenitores, buscando trabajo o incluso huyendo del país, despoja al otro del derecho de custodia o visitas del hijo menor en común. Existen herramientas jurídicas para afrontar este tipo de situaciones, tanto medidas de prevención como formas de restituir la situación inicial.

Para prevenir estas situaciones, nuestro código civil permite adoptar una serie de medidas, como norma general, en su artículo 103.1, concretamente las siguientes:

  •  Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
  • Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
  • Sometimiento a autorización judicial previa a cualquier cambio de domicilio del menor.

Si la sustracción ya se ha producido, el asunto se complica y existen varias opciones: en primer lugar, hay que averiguar si el estado al que se ha traslado ilícitamente al menor es firmante del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En caso afirmativo, se iniciará un procedimiento a través de la Autoridad Central, que es la instancia que vigila el cumplimiento del convenio, que colabora con las autoridades centrales de de otros Estados. Todos los Estados firmantes del Convenio de la Haya deben nombrar una Autoridad Central. Si no es así, cabría la opción de intentar una solución diplomática entre embajadas o la iniciación de un procedimiento judicial directamente en el país donde se encuentra el menor de forma ilícita. Para ello, sería necesario buscar asesoramiento legal en dicho país.

En el marco comunitario, es de aplicación preferente a dicho Convenio el Reglamento Europeo 2201/2013 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Sin ahondar más en el asunto, señalar que el Juzgado competente para conocer estos procedimientos es el de Primera Instancia.

Recomiendo buscar un abogado especializado en familia para resolver este tipo de situaciones tan conflictivas ya que cada caso puede ser muy diferente.