IRPH, el índice que quita el sueño a la banca

Más de un millón de personas firmó hipotecas con esta referencia, que puede costar 44.000 millones a las entidades.

Los hipotecados y la banca vuelven a verse las caras en una enconada batalla judicial. Tras las cláusulas suelo y el impuesto de actos jurídicos documentados, llega el fiasco de las hipotecas con IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). El asunto ya está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este mismo año decidirá si ese índice está exento de cualquier tipo de control de transparencia, como dice el Tribunal Supremo en una sentencia de 2017.

Son más de 1,3 millones las personas que un día confiaron a ciegas en lo que su caja o banco les vendía, según los cálculos de la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa, pioneros en comenzar la batalla judicial hace ya cinco años en los juzgados de San Sebastián para reclamar la desaparición del índice y la devolución de las cantidades pagadas con carácter retroactivo. El IRPH ha sido el segundo índice de referencia más usado en las hipotecas en España tras el euríbor, sobre todo en las firmadas en 2006 y 2007. Muchas entidades lo ofrecieron como una alternativa menos volátil, entre ellas Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Santander, BBVA y Bankia.

La banca se juega mucho más que con las cláusulas suelo. Goldman Sachs estima un impacto de entre 7.000 y 44.000 millones de euros para las entidades si el dictamen de la justicia europea no es favorable y, además, se reconoce la retroactividad. JP Morgan ha indicado que es uno de los mayores riesgos del sector financiero español para 2019.

Por eso, algunas entidades ya están moviendo ficha. “Están ofreciendo a los afectados un acuerdo para cambiar la hipoteca a un tipo fijo”, indica Alberto Cañizares, del bufete Cañizares Abogados, que lleva más de 300 casos. Pero los obligan a firmar una cláusula que cierra la puerta a cualquier reclamación posterior, por lo que “recomendamos no firmar nada y pedir la suspensión de los procedimientos iniciados hasta que se conozca la sentencia del TJUE”, añade Francisco García, director de servicios jurídicos de Arriaga Asociados, con más de 10.000 clientes afectados.

El índice se extrae de los datos que las entidades remiten al Banco de España referente al precio medio de los préstamos hipotecarios concedidos que, además, incluyen las comisiones y gastos para el cálculo. La postura de la banca es que se trata de un índice oficial y “asentado con casi 25 años de funcionamiento… En Europa existen referencias de tipos calculadas de forma similar, con el doble objetivo de reforzar la transparencia y la estabilidad de tipos”, comenta José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). Sin embargo, el índice es acusado de ser “manipulable, ya que un banco podía subir sus tipos a través de sus comisiones y, como afectan a la TAE, acabarían elevando el IRPH”, defiende Almudena Velázquez, responsable legal del departamento de Banca de Reclamador.es.

“Los clientes no fueron informados de qué era ese índice, ni se hicieron simulaciones”, apunta Alberto Cañizares. Ni siquiera figura con el nombre de IRPH en los contratos (aparece como tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de entidades). Hasta que la crisis lo sacó de la sombra. Con un euríbor en descenso, todas las cuotas hipotecarias de amigos y conocidos bajaban. Las de los afectados, no.

Las entidades aplicaron IRPH a todo tipo de viviendas, incluso a las protegidas y a segundas residencias compradas por extranjeros. “En Costa Blanca llevamos los casos de 50 personas y tenemos 20 demandas interpuestas”, indica Ignacio Pellicer, codirector del despacho Pellicer & Heredia. Dice que hay familias que han pagado hasta 40.000 euros de más.

Durante los últimos cuatro años los afectados han acudido a los juzgados de primera instan- cia y audiencias provinciales, recuerda Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda. Y algunos hasta han recuperado su dinero. No ha tenido tanta suerte Mireia Andreu, de 42 años y cuyo caso lleva este bufete, que firmó con La Caixa (ahora Caixabank) una hipoteca con IRPH en sep- tiembre de 2000. Tenía 24 años. En 2015 se dio cuenta de que su cuota nunca bajaba. “Llegamos a pagar 1.050 euros al mes”. En 2016 descubrimos que teníamos IRPH, que en aquel momento no sabíamos ni qué era”. Aunque el banco ha sustituido el índice por el míbor, Mireia quería recuperar lo pagado de más, pero “se perdió el juicio, recurrimos y ahora hay que pagar 8.000 en costas”. Actualmente espera a Europa.

El TJUE decidirá si el índice está exento de un control de transparencia.
Los afectados pagan entre 200 y 400 euros más al mes respecto al euríbor.

Sentencia polémica
A mitad de año se conocerá si la justicia comunitaria contradice a la española, una vez más. El TJUE celebra vista oral el próximo 25 de febrero. Debe responder a tres cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona. Por una parte, se cuestiona si el índice IRPH está exento de cualquier control de transparencia, después de que el Tribunal Supremo español así lo afirmara en su sentencia de 14 de diciembre de 2017. “El Supremo pretendía dar carpetazo al tema del IRPH con un fallo que ha hecho respirar aliviada a la banca. Sin embargo, la sentencia contaba con un voto particular suscrito por dos magistrados, que contradecía la jurisprudencia del TJUE”, dice Jon Etxaniz, de la plataforma IRPH Stop Gipúzkoa. Jon, de 40 años, es otro de los afectados. Firmó en 2006 con Kutxabank porque “confías en el banco sin plantearte nada más”. En 2013 consiguió que su índice fuera sustituido por el euríbor y desde entonces paga 300 euros menos cada mes. Aun así, quiere recuperar el dinero que le “han robado”.

La segunda pregunta es la de definir cómo quedarán esas hipotecas en caso de nulidad del IRPH: si con cero interés o si es sustituido por otro índice, como el euríbor, indica el abogado Francisco García. Y, por último, debe responder a la cuestión de si la devolución de los importes y los intereses se aplica con carácter retroactivo.

Los afectados tienen a su favor a la Comisión Europea, que ha presentado un informe demole- dor discrepando del Tribunal Supremo español y que se ha personado como causa. También el Gobierno español, pero alineado con la postura de la banca. Afectados y abogados tienen esperanzas de que la justicia europea siga las pautas de la Comisión. “Si el tribunal europeo llega a darles la razón, cada afectado deberá acudir a los juzgados e interponer una demanda de juicio ordinario, y esperar un año a obtener sentencia favorable en primera instancia”, señala Urtzi González.